JxCat y ERC han entregado ya su propuesta de acuerdo a la CUP, un documento con el que pretenden ganarse su apoyo a la investidura de Jordi Sànchez, ofreciendo un plan con constantes alusiones a la república catalana, un proceso de elaboración de una Constitución y una multiconsulta final. Ya el martes JxCat y ERC anunciaron que habían alcanzado un preacuerdo entre ambas formaciones, pendiente sólo de unos últimos flecos, pero hasta ahora habían mantenido en secreto su contenido.
Una vez entregado a la CUP, finalmente ha trascendido el documento, de 46 páginas, en el que se exponen los criterios que deben inspirar la legislatura: "construcción de la república" con "amplias mayorías" y restitución de las instituciones catalanas. Para llevar a cabo este plan republicano, se visualizan tres vías de acción: el Parlament y el Govern desde Cataluña, el llamado "Espacio Libre del exilio" y una "ciudadanía catalana empoderada con la autoorganización colectiva y el proceso constituyente".
En Cataluña, la Generalitat desplegaría un "plan de gobierno de obediencia republicana" y un "plan de políticas de progreso", mientras que las "fuerzas republicanas" convertirían el Parlament en "el ágora del debate republicano", con "debates y propuestas que emanen del compromiso de construir república surgido" del 1-O.
En el exterior, se prevé crear el "Espacio Libre del exilio", una triple estructura formada por una "Asamblea de Representantes por la República", un "Consejo por la República" y su presidente, que sería Carles Puigdemont. La "Asamblea de Representantes por la República", compuesta por cargos electos catalanes, representantes del mundo local y de la sociedad civil, se reuniría como mínimo dos veces al año y le correspondería promover acciones para "avanzar hacia el establecimiento de la república", impulsar la "internacionalización" de la causa independentista y fomentar el proceso constituyente.
A Puigdemont le tocaría presidir el "Consejo por la República", asumir su "representación exterior" e "impulsar las políticas, estrategias y consensos necesarios para alcanzar la república". El "Consejo por la República" tendría la función de asesorar a su presidente, fomentar acciones para avanzar hacia la república e "impulsar debates constituyentes".
Uno de los apartados con el que JxCat y ERC buscan seducir a la CUP es el referido al proceso constituyente, que según sus planes "deberá ser de base ciudadana, transversal y participativo" y culminaría con la "redacción y aprobación de un texto con la propuesta de bases de una futura Constitución de la república". Este proceso constituyente arrancaría en Bruselas, por impulso de la "Asamblea de Representantes por la República", y en su fase inicial estaría amparado por un "Pacto Nacional Constituyente", que abarcaría a "agentes cívicos, sociales y políticos" y determinaría la metodología de trabajo, mientras que el Parlament podría constituir comisiones de estudio para profundizar en los debates.
JxCat y ERC proponen asimismo un "plan de choque contra el 155" para revertir las medidas desplegadas por el Gobierno y guiños sociales a la CUP, como la no renovación de conciertos a escuelas que segregan por sexo, la gestión pública de Aigües Ter Llobregat o recuperar figuras impositivas impugnadas por el Estado.
La propuesta incluye como anexo una "apelación a los pueblos del mundo" para que "denuncien la violación de los derechos civiles y políticos" en Cataluña por parte del Estado.
Fuentes de JxCat y de ERC han admitido sus dudas sobre la posibilidad de que la CUP se mueva de la abstención al 'sí' a Sànchez, y voces republicanas han cuestionado la oportunidad de difundir la propuesta de acuerdo precisamente este jueves, cuando la actualidad informativa del día ha pasado por la huelga feminista.
Pese a todo, JxCat y ERC no pierden la esperanza de que la CUP acabe prestando sus votos para investir a Sànchez en un pleno, convocado para el lunes, que sigue envuelto en la incertidumbre. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido por escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que acuerde todo lo necesario para que Sànchez, en prisión preventiva, pueda asistir al pleno del lunes y defender su investidura.
El Supremo se dio un plazo de cinco días para resolver sobre la petición de libertad que Sànchez le había dirigido, decisión que amenaza la posibilidad de celebrar el pleno el próximo lunes. En paralelo, fuentes del Ejecutivo central han dado verosimilitud a la posibilidad de que Torrent acabe por aplazar el pleno de investidura.
Por su parte, Ciudadanos ha registrado un escrito dirigido a Torrent para solicitar la desconvocatoria del pleno de investidura del lunes y ha advertido de que el acuerdo de JxCat y ERC que han hecho llegar a la CUP contiene "mentiras" sobre la república.
