Junts pel Sí y la CUP tienen previsto empezar a tramitar las tres leyes básicas de "desconexión" de Cataluña con el Estado antes de 30 días a contar desde este jueves, una vez que ya han sido constituidas las comisiones del Parlament.
Estas tres leyes, la de Transitoriedad Jurídica, la de Estructuras de Estado (Hacienda y Seguridad Social) y la del Proceso Constituyente, son las que ya estaban previstas en la declaración inicial del Parlament aprobada el 9 de noviembre y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional.
Es precisamente en esta declaración rupturista en la que se contempla que en el plazo de 30 días -a contar desde la creación de las comisiones parlamentarias- tendrán que empezar a ser tramitadas las tres leyes.
La tramitación implica crear ponencias conjuntas en el Parlament que, en el caso concreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica, se prevé que sea creada dentro de la Comisión de Gobernación, mientras que aún debe decidirse dónde van a parar las otras dos.
La portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha precisado que, aunque las ponencias serán creadas antes de treinta días, esto no significa que la aprobación definitiva de las leyes vaya a ser rápida, porque hasta el final de la legislatura no pasarán por el pleno del Parlament, conjuntamente con la declaración de independencia prevista en la hoja de ruta de JxSí y la CUP.
En consecuencia, la aprobación de las tres leyes no tendrá lugar hasta dentro de 18 meses, que es el tiempo estimado de duración de la XI legislatura del Parlament. Según Rovira, cabe la posibilidad de que la Ley de Transitoriedad Jurídica pueda contener en sus primeros artículos la declaración de independencia, aunque esta última también podría ser tramitada aparte, y lo que sí que ya da casi por seguro es que incluirá una "Constitución catalana provisional muy básica", que únicamente tendrá vigencia hasta que fuese eventualmente aprobada la Constitución "definitiva" en un posible referéndum.
Por lo que respecta al denominado "proceso constituyente", los partidos y las principales entidades independentistas de la sociedad civil catalana -como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural- ya han empezado a organizar actos para debatir los aspectos que debería incluir la futura Constitución catalana.
