Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del eventual referéndum del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la principal de las llamadas "leyes de desconexión", prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.
Según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa en el Parlament, la ley pretende dar la cobertura y el marco jurídico del periodo inmediatamente posterior a esa eventual victoria del 'sí', por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes, tras las cuales se aprobaría una "constitución catalana".
Así, JxSí y la CUP buscan dar con esta ley "la seguridad jurídica que queremos que haya en todo momento en este proceso y la transparencia, pues faltan 35 días para votar y con un periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea 'sí' o 'no'", ha afirmado el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.
La Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república que prevén aprobar JxSí y la CUP establece que la obtención de la nacionalidad catalana en caso de independencia "no exige la renuncia de la nacionalidad española".
El artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.
La ley de Transitoriedad prevé amnistiar a condenados por proceso soberanista
El proyecto de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República prevé amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.
Según la norma, que ha sido explicada este lunes ante los medios, el título V sobre "Poder Judicial y Administración de la Justicia" afirma: "los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".
Por otro lado, la ley señala que Cataluña "se constituye en una República de Derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña", y cuyo "jefe de Estado" será el presidente de la Generalitat, según dicha ley.
También se explicita que la atribución de la nacionalidad catalana "no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra", además de que "el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad".
La norma, con 89 artículos, establece otros aspectos como que las normas de la UE se continuarán aplicando en Cataluña; que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en Tribunal Supremo de Cataluña; o que el Consejo de Garantías Estatutarias pasará a ser Consejo de Garantías Democráticas y sería vinculante.
