Publicidad

¿QUIÉN LO GUARDÓ?

La Agencia de Protección de Datos abre una investigación sobre el vídeo de Cifuentes

La Agencia de Protección de Datos han abierto una investigación sobre la difusión del vídeo de Cristina Cifuentes durante su supuesto hurto en un supermercado. Una grabación que debería haberse borrado en su día. La empresa de seguridad dice que cumplió la ley.

La imagen que ha costado el cargo a Cristina Cifuentes se grabó en 2011. Le ley lo deja muy claro: las imágenes captadas por cámaras de seguridad deben ser borradas en el plazo máximo de un mes. Sólo pueden conservarse si afectan a una investigación policial o judicial. No es el caso de Cifuentes: el supermercado no interpuso denuncia alguna. Esas imágenes no deberían, por tanto, existir y por eso la Agencia de Protección de Datos ya ha anunciado la apertura de una investigación.

La filtración abre tres vías de sanción. Por un lado, la multa de hasta 300.000 euros por mala custodia de esas imágenes. El responsable de la filtración podría haber cometedo un delito de revelación de secretos con hasta cuatro años de cárcel, que puede llegar a cinco si fuera también el responsable de su custodia. La tercera vía es la del medio de comunicación que difunde unas imágenes conociendo su procedencia ilícita, aunque en este caso la condena es menos probable. Y el interés informativo, en este caso, parece probado.

Publicidad

El hermano de Pedro Sánchez a su salida de los Juzgados de Badajoz

Una aspirante denuncia irregularidades en la asignación de la plaza pública al hermano de Pedro Sánchez: "No ofreció igualdad de oportunidades"

Cristina de Frutos declara ante la jueza que no se le formularon preguntas en la entrevista mientras que, según la resolución oficial, David Sánchez sí fue evaluado.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP

Feijóo plantea que el Consejo de Ministros pague “a escote” los 6,6 millones del contrato con Israel

El líder del PP exige saber quién tomó la decisión y quién lo va a pagar. Los populares acusan al Gobierno de romper el acuerdo con IMI Systems por "motivos políticos" y alertan del coste económico de la decisión.