La Audiencia Nacional juzgará este lunes a José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez, dos miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), para quienes la Fiscalía pide 37 años de cárcel a cada uno por el secuestro del empresario Publio Cordón cometido el 27 junio de 1995 en Zaragoza.
El Ministerio Público les acusa de los delitos de detención ilegal, homicidio y estafa agravada y reclama en concepto de responsabilidad civil que indemnicen conjuntamente a la viuda Pilar Muro con 400 millones de pesetas (la misma cuantía que le exigieron por el rescate) y 500.000 euros. Impone además que respondan con otros 500.000 euros para cada uno de los hijos del empresario.
Publio Cordón fue secuestrado por miembros de los Grapo y trasladado primero a Vitoria y después a la localidad francesa de Lyon, donde los acusados habían alquilado una vivienda en el número 5 de la Rue de la Batterie con identidad falsa y haciéndose pasar por un matrimonio de profesores españoles de francés. Allí habilitaron un armario empotrado de dimensiones de 1,71 metros de largo por 1,21 metros de ancho donde escondieron a Cordón durante tres semanas. Transcurrido ese tiempo, consiguió salir del armario y trató de huir por una de las ventanas de la buhardilla pero resultó herido de gravedad.
Los Grapo consiguieron rescatarle con vida pero "en lugar de trasladarle a un centro médico" se pusieron en contacto con la organización terrorista a fin de recibir instrucciones y fue en ese momento cuando el empresario perdió la vida, según expone la Fiscalía en su escrito.
Ocultaron su muerte para pedir un rescate
Añade igualmente que los captores, bajo mandato de la dirección de la organización terrorista, enterraron la madrugada siguiente el cadáver en un monte cerca de la población de Carpentras, próxima a la localidad de Avignon.
Tanto Teijelo (ya condenado por falsificación con finalidad terrorista del DNI e integración en asociación de malhechores) como Gómez (condenada por el Tribunal Correccional de París por delito de pertenencia a organización terrorista) se volvieron a España bajo el pretexto de que la acusada estaba aquejada de una grave enfermedad.
Una vez en territorio español hicieron creer a la viuda del empresario zaragozano que estaba vivo y le reclamaron 400 millones de pesetas por su rescate, que fueron entregados en París a Enrique Cuadra y Fernando Silva, ambos condenados por estos hechos.
