La orden que permitirá al Gobierno monitorizar la información para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que busque influir en la sociedad con fines interesados y espurios", publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, no deja de levantar polémica. El Gobierno justifica esta decisión en defender "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz, pero la oposición y los periodistas no lo ven así. Y la Unión Europea la va a examinar.
¿Qué hacen otros países?
El Gobierno alemán ayuda a detectar noticias falsas, pero deja que los usuarios de las noticias decidan. Se planteó una "Ley de promoción de la Democracia", que proponían los socialdemócratas, pero abandonó la idea.
En Francia hay una ley que tipifica las 'fake news', castigando con multas o hasta la cárcel las noticias falsas, la difusión artificial de falsedades y perturbar las elecciones. Las denuncias de hacen ante el Consejo Superior de lo Audiovisual, un organismo independiente.
En Reino Unido no hay una legislación específica. La Oficina de Comunicaciones estableció unos estándares de contenidos a las empresas audiovisuales. Y la Unidad de Respuesta Rápida del Gobierno analiza si hay movimiento en las redes que deba ser respondido con prontitud.
Aprobada en estado de alarma
La Comisión Europea está estudiando el plan del Gobierno de España para combatir las conocidas como 'fake news', tras conocer las críticas de los principales partidos de la oposición. Un portavoz de la Comisión ha señalado en rueda de prensa que el Ejecutivo comunitario está "al tanto" de la medida del Gobierno español y analiza la situación puesto que se ha aprobado en el margen del estado de alarma. "La Comisión está vigilando la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia", ha indicado.
La oposición lo denunciará
Además de las asociaciones de periodistas, varios partidos de la oposición ya han avisado de que llevarán el asunto ante las instituciones para que "intervengan en defensa del Estado de Derecho".
El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado de que recurrirá ante las instituciones europeas el plan contra la desinformación del Gobierno porque lo considera "orwelliano" y un "ataque a la democracia" haciendo referencia a la obra "1984" de Geroge Orwell, una ficción distópica que acuña el término "Gran hermano" para referirse a un ente controlado por el gobierno que supervisa todo lo que hacen los ciudadanos, a fin de controlar sus vidas. Casado ha defendido que la función del Gobierno no es "velar por quién dice una mentira", sino que "lo que tiene que hacer es decir él la verdad".
Para Ciudadanos el plan del Gobierno, bajo el pretexto de perseguir la desinformación, constituye una forma de censura y por tanto "un mazazo a la democracia". En este sentido la eurodiputada Maite Pagazaurtundua ha enviado una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, para advertirle del trasfondo del asunto y pedirle una reunión. Inés Arrimadas habla de cacicada "de un Gobierno que no para de decir mentiras".
Igualmente Vox prepara acciones en el Parlamento Europeo y llevará el tema ante la subcomisión de desinformación del Parlamento Europeo, de la que forma parte su eurodiputado Jorge Buxade. En la formación de Santiago Abascal entienden que se trata de un "abuso" y promete acciones en Bruselas.
