La Generalitat asegura que el control financiero debía levantarse por "obligación legal" al no estar vigente el artículo 155

La Generalitat ha asegurado que el anuncio del Gobierno de que levantaba la supervisión sobre sus cuentas es "un hecho automático" desde el pasado lunes, y por ello ha pedido al Ejecutivo que levante el control a posteriori de sus gastos, que se aplica desde noviembre de 2015. En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabaté, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha recordado que, al haber decaído el artículo 155 de la Constitución, también dejó de haber intervención financiera, por lo que el Govern "ha estado haciendo ya esta semana pagos con normalidad y sin pedir permiso a nadie".

No obstante, Aragonès ha apuntado: "Celebramos que el Gobierno se apunte a esta línea y, puestos a ello, le pedimos que levanten los controles a posteriori (del gasto) que impusieron en noviembre de 2015". Aragonès ya pidió el lunes al Gobierno que, una vez finalizada la intervención financiera de la Generalitat, se ponga fin también a las condiciones específicas "discriminatorias" impuestas a Cataluña en noviembre de 2015 para recibir partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El vicepresidente del Govern ha recordado que, al decaer el artículo 155 de la Constitución, el Govern ha vuelto a recibir los anticipos del modelo de financiación en sus cuentas y no necesita del visto bueno de Hacienda para efectuar todo tipo de gastos. "La ley nos ampara. Si el Gobierno hubiera hecho algo diferente, sería ilegal", ha comentado Aragonès. Precisamente hoy ha trascendido que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Quim Torra han hablado por teléfono y se han emplazado a reunirse, y Aragonès ha asegurado que él también había mantenido conversaciones "informales" con ministros.

Los controles establecidos a la Generalitat en noviembre de 2015 implican que la Intervención de la Generalitat aún debe remitir mensualmente a Hacienda un certificado con toda la información de los pagos realizados por la Generalitat en el mes anterior y acreditar que dichos pagos respetan la legalidad vigente.