La Guardia Civil registra varias empresas en una operación sobre la concesión de aguas de Girona cuando Puigdemont era alcalde

La Guardia Civil ha registrado este martes la sede de Agissa, compañía municipal de aguas de Girona, así como domicilios de directivos, por orden de un juez que investiga un presunto desvío de fondos en beneficio de la parte privada de la sociedad que podría ascender a 15 millones de euros.

Según fuentes próximas a la investigación, la operación, que ha comportado una quincena de registros en Girona, está dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de la capital, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de suministro de aguas entre los años 1998 a 2013, lo que incluye las etapas de gobierno de los socialistas Joaquim Nadal y Anna Pagans y también la del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La operación, denominada 'Aquarium', deriva de una denuncia que la CUP presentó en 2015 contra directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento del agua en Girona, así como por unas diligencias de investigación que abrió la Fiscalía Provincial de Girona.

La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación del caso, en el que resulta un informe que la Agencia Tributaria elaboró a raíz del llamado caso 3 % de presunta financiación ilegal de CDC sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de la empresa de suministro de agua.

En la causa se investigan los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos en la gestión de Agissa, donde en los últimos años se habrían desviado beneficios a la parte privada de la empresa -Girona SA-, en detrimento de la pública, lo que podría haber provocado una subida de la tarifa final del agua.

En total, la Guardia Civil ha practicado un total de 15 registros en poblaciones como Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata, en el marco de la denominada "Operación Aquarium". Las investigaciones giran en torno a diversas actividades presuntamente ilícitas, entre las que se encuentran delitos de fraude y administración desleal en la gestión de la adjudicación del suministro de aguas por parte de la compañía Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa).

Entre otras irregularidades se investiga la última renovación del contrato de suministro del agua, en 2013, cuando Carles Puigdemont era alcalde de Girona, según han indicado fuentes cercanas a la investigación. Por ese motivo, en el marco de esta investigación, la Guardia Civil se ha personado esta mañana en el Ayuntamiento de Girona para solicitar documentación relacionada con la empresa Agissa.

Asimismo, se han registrado domicilios de varios de los investigados en este caso, como el del ex consejero Delegado de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) Narcís Piferrer; el del actual consejero delegado de la compañía, Xavier Ballell, el del secretario, Lluís Sibils, y el del empresario Joan de Llobet.

Los registros llevados a cabo por la Guardia Civil han provocado las protestas de dirigentes y partidos independentistas, entre ellos de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), que ha calificado de "show" la presencia de la Guardia Civil en el Ayuntamiento gerundense, y que ha enmarcado esta actuación en los intentos del Estado por impedir el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En la misma línea han reaccionado formaciones como ERC y la CUP, formación que está en el origen del caso, ya en 2015 interpuso una denuncia contra el ex consejero Delegado de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) Narcís Piferrer, por presunta administración desleal.