Examen a la exministra de Justicia Dolores Delgado en el Congreso para certificar que cumple los requisitos que se exigen para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que se ha sido propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este examen es el último trámite legal para acceder al cargo El análisis de los requisitos formales para su nombramiento que tuvo lugar en el Congreso General del Poder Judicial (CGPJ) distó mucho de ser un mero trámite, provocando la ruptura del órgano de gobierno de los jueces con un aval que obtuvo doce votos a favor y siete en contra. Entre los argumentos de los discrepantes se encontraba el hecho de que hasta el momento de su designación fuera, no sólo ministra de Justicia, sino diputada por el PSOE, que la integró en sus listas por Madrid en los comicios del mes de noviembre. Ello, a juicio de los que votaron en contra de otorgarle la idoneidad, pone en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.
Delgado ha respondido a esto y a las críticas de los grupos argumentando que en su designación participan todos los poderes del Estado: propone el ejecutivo, da el visto bueno el judicial, examina el legislativo y nombra el jefe del Estado. Es más, su anterior cargo lo considera un elemento positivo: "Si se parte del concepto de servicio público, el haber sido ministra de Justicia no es una debilidad, si no una fortaleza".
También ha respondido a las sospechas de intervención en la actuación de otros fiscales: "Los fiscales debemos ser autónomos frente al ejecutivo y responsables, lo más importante, ante la sociedad. Un fiscal encargado de un asunto concreto es el responsable de ese caso y los sistemas de corrección previstos solo deben ser utilizados de manera excepcional, transparente y motivada".
Su experiencia
Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.
En cuanto a los precedentes tenemos que retrotraernos a la época de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, y cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco, teniendo en cuenta que en ese momento no se requería el trámite para la obtención de la idoneidad en el Congreso.
PP: cambio legal
El PP ha anunciado una iniciativa legislativa para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que los aspirantes a ese cargo no puedan haber ejercido labores políticas en los últimos cuatro años y que su nombramiento requiera el apoyo de dos terceras partes del Congreso. El diputado del PP Carlos Rojas ha avanzado la propuesta del PP y su firme oposición a la designación de Dolores Delgado como máxima responsable de la Fiscalía por su vinculación política con el PSOE. "Esto nunca se ha visto en democracia, es un grave error", ha subrayado Rojas. Por ello, su partido pretende cambiar el estatuto que regula el ministerio fiscal para impedir que nunca más pueda producirse un caso así y "fortalecer la independencia" de la institución. La iniciativa, según el parlamentario, se apoya en dos ideas básicas. La primera de ellas, que los candidatos que designe el Gobierno para dirigir la Fiscalía no puedan haber ejercido en política al menos cuatro años antes de su nombramiento. La segunda, que el Congreso pueda vetar un nombre si no obtiene un amplio consenso en la cámara, en concreto una mayoría de dos tercios. Con la actual legislación, los candidatos deben superar dos trámites: el examen del Consejo General del Poder Judicial, que emite un informe de idoneidad (aunque no es vinculante) y la comparecencia en el Congreso de los Diputados, que no emite informe.
