Mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil al frente del dispositivo de seguridad del referéndum ilegal del 1 de octubre han mostrado su recelo ante las cifras difundidas por la Generalitat de Cataluña sobre el número de centros de votación precintados por los Mossos d'Esquadra, señalando a parte de sus mandos por su connivencia con las organizaciones independentistas. "Todo fue una encerrona pactada", han explicado.
Tanto mandos policiales como sindicatos y asociaciones profesionales de guardias civiles han calificado de "vergonzosa" la actuación de los Mossos bajo la dirección del mayor, Josep Lluís Trapero. De hecho, recelan del dato difundido por uno de los siete académicos a los que la Generalitat otorgó la capacidad de actuar como 'junta electoral', el catedrático Ferran Requejo, quien en 2012 dijo que se había vuelto independentista tras "dejar de ser idiota".
Paralelamente, dos de las tres asociaciones de fiscales han acusado a los responsables del Govern y del Parlament catalán y a los Mossos d'Esquadra de poner en peligro el Estado de derecho al incumplir las leyes y las resoluciones judiciales durante la jornada de este domingo.
En un comunicado, la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han denunciado que lo ocurrido pone de manifiesto "el desprecio y desafío hacia el Estado de Derecho" por parte de sus gobernantes. "No se puede hablar de Estado de Derecho ni de democracia cuando no se respetan las leyes", han afirmado los fiscales, quienes insisten en que "todas las opciones políticas son válidas, pero dentro del marco de la legalidad".
A su juicio, no solo los responsables del Govern y del Parlament han incurrido en "la inobservancia de las leyes y de las resoluciones judiciales", sino también las fuerzas de Policía Autonómica. Los fiscales han recalcado que el Poder Judicial precisa para cumplir su función "una policía judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales".
Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, ha reiterado el "deseo" de la asociación de que "las autoridades de la Generalitat reconduzcan su actitud" y cumplan con las leyes y la Constitución. Fernández ha anunciado que en unos días la UPF hará un comunicado oficial a la espera de cómo vayan transcurriendo los acontecimientos tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O y ante el "constante aluvión de noticias" que van apareciendo al respecto.
