El pleno del Ayuntamiento de Girona ha aprobado el cambio definitivo de nombre de la Plaça de la Constitució por Plaça 1 d'Octubre de 2017, gracias a los 18 votos a favor del equipo de gobierno formado por CiU, ERC y la CUP frente a 8 votos en contra de PSC, Cs y PP. Desde el exterior del Consistorio, unas 600 personas -la gran mayoría de favorables al cambio de nombre- han seguido el pleno desde la Plaça del Vi con dos pantallas instaladas para a ocasión, con gritos a favor cuando hablaban los políticos partidarios y silbidos para los contrarios.
También decenas de personas han asistido a la sala de plenos y la mayoría de ellos ha aplaudido largamente cuando se ha votado favorablemnete el cambio de nombre.
Poco antes del pleno, que debía iniciarse a las 18.00 horas, Ciudadanos ha llevado al secretario municipal la imposibilidad de llevar el cambio de nombre como un "acuerdo de pleno" porque no había pasado por la Junta de Gobierno local, que es donde legalmente debe aprobarse. La alcaldesa, Marta Madrenas, ha convocado la junta de urgencia, se ha votado y de nuevo se ha registrado la votación, pero esta vez como "moción de urgencia".
El pleno ha aprobado "modificar el acuerdo de Pleno de 4 de diciembre de 1981" y sustituir la denominación de la plaza de la Constitución por la plaza del 1 de octubre de 2017, fecha en la que se celebró el referéndum independentista que había sido suspendido por el Constitucional.
Madrenas ha defendido el cambio de denominación por ser "lógico querer rendir un homenaje a las personas que defendieron la democracia poniendo sus cuerpos por delante" y ha asegurado que "la Constitución es una ley que no es igual a democracia en absoluto, democracia es la voluntad del pueblo y de la gente". En esta línea, ha mantenido que "la Constitución ha perdido toda la legitimidad para ser ley de leyes" y ha dicho que "gracias a la Constitución puede volver a haber presos y exiliados políticos, después de 40 años volvemos al franquismo".
La edil del PP Concepció Veray que ha recriminado al concejal Carles Ribas que haya calificado la Constitución de "inservible, mal interpretada e involucionista", ha definido la Carta Magna como "Ley de leyes, punto de encuentro y garantía de libertad, seguridad y igualdad para todos" y les ha dicho que si no les gusta "trabajen para modificarla".
Desde Cs, Miriam Pujola ha acusado a los partidarios del cambio de querer "destruir, erradicar la legislación vigente como quien cambia el nombre de una plaza, pero esto no es posible, porque nuestro marco jurídico, el de todo, no se puede modificar por enojo de algún grupo".
La portavoz de PSC, Silvia Paneque, que hasta hace meses formaba parte del Gobierno municipal, ha destacado que ante la situación que se está viviendo solo se pueden buscar "la concordia o el conflicto" y ha solicitado que se siga "un camino moderado de consensos". La socialista ha calificado esta decisión como "la menos acertada" tomada por Madrenas porque para ella el Ayuntamiento debería ser "ejemplar en buscar la conciliación".
Por su parte, el portavoz de la CUP, Lluc Salellas, ha afirmado que no se pueden tener plazas con nombres "que representan hoy en día una cadena o una opresión para centenares de miles de personas en nuestra ciudad". Finalmente, Maria Mercè Roca, de ERC, ha dicho que la Constitución es concebida como una carta de derechos y libertades, pero ha añadido que la interpretación que hacen de ella los tribunales y el Gobierno español "es arbitraria y reaccionaria".
