Ley de amnistía: la guerra de informes entre Gobierno y letrados del Congreso sobre su constitucionalidad

Una de las medidas que adoptó Francina Armengol cuando fue elegida presidenta del Congreso el pasado verano fue sustituir al letrado mayor de la Cámara. Eligió como sustituto a Fernando Galindo, un alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez. Se esperaba que emitiera un informe positivo sobre la ley de amnistía y así lo hizo.

Galindo permitió la tramitación de la ley de amnistía, al contrario de lo que había establecido el anterior letrado mayor con otra proposición de ley de amnistía planteada por Esquerra Republicana en 2021. Alegó que eso sería inconstitucional. Además, Galindo apartó a Manuel Fernández Fontecha, el letrado de la comisión constitucional, donde se suponía que se iba a debatir la ley y que podía emitir un informe negativo. Finalmente, la ley de amnistía se debatirá en la comisión de justicia y sus letrados ya han emitido su informe.

Lo sorprendente es que los letrados adscritos a esa comisión de Justicia han emitido un informe negativo sobre la ley de amnistía en el que dicen lo mismo que decían el presidente del Gobierno, sus ministros y el Partido Socialista hasta antes de las elecciones del pasado mes de julio, que la ley puede ser inconstitucional y que para aprobarla "debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional", algo imposible sin el apoyo del PP.

Además, los letrados recuerdan en su informe que ya en 1977, cuando el parlamento elaboraba la Constitución, se presentaron dos enmiendas que pretendían incluir la amnistía como un artículo más en ese texto constitucional. Sin embargo, las Cortes Generales de la época las rechazaron. Rechazaron que la amnistía fuera incluida expresamente en la Constitución que se aprobó en 1978.

De esta manera, las Cortes Constituyentes pudieron haber incluido la amnistía en la Constitución, pero decidieron no hacerlo. Eso es lo que ahora incluyen los letrados del Congreso en su informe. Por su parte, el gobierno, en su intento de salir ileso de este percance, rebusca entre cientos de dictámenes hasta que da con uno de hace casi seis años.

El informe que cita el ministro Félix Bolaños es de marzo del año 2018. Hace referencia a unos guardias civiles que fueron sancionados por reivindicar su derecho de asociación. En el último punto del texto de nueve páginas se habla de la amnistía en el marco de la Constitución, pero hay otro informe, aunque este no lo cita el gobierno, que es más reciente, de mayo de 2021, en el que no se admitió una proposición de ley de amnistía de Esquerra Republicana al considerar que era inconstitucional.

En este punto, nos encontramos ante una guerra de informes. Los que dicen que la amnistía es inconstitucional son aquellos que utilizaba el PSOE antes de las elecciones para oponerse a la amnistía. Ahora, los socialistas se apoyan en los informes que insinúan que la amnistía sí podría ser constitucional.

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