La ley de amnistía afectará a casi 400 personas, pero no recoge el 'lawfare': estos son los puntos

La ley de amnistía no recoge el concepto de 'lawfare', por lo que deja fuera a Gonzalo Boye, Laura Borràs y los Pujol. Es una ley que alcanza casos penales y administrativos y que afecta a 382 personas, 73 de ellas son policías. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al texto del PSOE que ha registrado este lunes en el Congreso. La ley registrada no ha sido firmada todavía por todos los grupos parlamentarios que han dado su apoyo a Sánchez porque siguen analizando el texto. Quedarán eliminados de antecedentes penales derivados de la condena por el acto delictivo amnistiado. Y además, respecto a la situación de Carles Puigdemont, el texto enuncia que "quedarán sin efecto" las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.

"Quedan amnistiados los siguientes actos (...) ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 (...) siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023", recoge el texto. En el contenido queda detallado y se defiende que la amnistía se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica. La ley entrará en vigor el mismo día de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ley amnistía los actos que han sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a la consultas entre ese periodo citado anteriormente. También se incluyen esas acciones realizadas en el curso de las actuaciones policiales. La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum. Sino otros posibles y lícitos que guardan una profunda conexión como los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta, su celebración o la oposición al procesamiento de condena.

Quedarán amnistiados delitos como la malversación de caudales públicos, siempre que tenga una relación directa con el 'procés'. También los actos de desobediencia, los delitos de usurpación de funciones y todos aquellos derivados de las acciones policiales que se hicieron para tratar de impedir las dos consultas.

Deja fuera el 'lawfare'

El texto ya registrado en la Cámara Baja deja fuera el 'lawfare', expresión que hace referencia al uso abusivo de la justicia con fines políticos o, lo que es lo mismo, a la judicialización de la esfera política. La amnistía "en ningún caso implica la criminalización" de los funcionarios que intervinieron "en defensa del orden público". "Pues la presunción de inocencia es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Lejos de ello, persigue aliviar la situación procesal de los encausados y con ello las tensiones derivadas de unos hechos que se enmarcaron en un determinado momento y como consecuencia de las tensiones existentes entonces y a lo largo de más de diez años", esgrime.

La amnistía pactada por el PSOE con los independentistas "aspira a "unas sólidas bases" para, "de una vez por todas", continuar "mitigando las consecuencias de un conflicto que jamás debió producirse y que, a pesar de los pasos de los últimos años, aún sigue latente" en Cataluña. En alusión a los trabajadores públicos a los que afecta la amnistía, se procederá a la reintegración "en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los empleados públicos sancionados o condenados, así como a la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, si hubieran sido separados".

Asimismo, la ley de amnistía no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares. En cuento a los efectos de responsabilidad penal, la norma detalla que el órgano judicial competente ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión.

Aplicación preferente y urgente

La aplicación de la amnistía en cada caso corresponderá a los órganos judiciales, administrativos o contables determinados en la presente ley. Ellos adoptarán "con carácter preferente y urgente" las decisiones pertinentes en cumplimiento de la ley amnistía, "cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate".

En todo caso, las decisiones se adoptarán "en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos".

Caminar hacia la reconciliación

"Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo. Por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento", reza la proposición de ley.

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