La Ley de Transitoriedad Jurídica, la llamada "ley de ruptura" catalana, prevé declarar la independencia inmediata de Cataluña si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum separatista previsto para después del verano y, entre otras medidas, fija la pregunta de esa consulta.
Según consta en el borrador de la ley, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán, se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la "república parlamentaria" de Cataluña.
En su disposición final, el borrador de la "ley de ruptura" establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta popular para la secesión y que ello se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán "constate este impedimento".
Desvela asimismo, la pregunta que se realizaría en ese eventual referéndum: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?", y señala que el resultado de la consulta sería vinculante, sin necesidad de un mínimo de participación ni de una mayoría cualificada para la secesión, todo ello supervisado por observadores internacionales, para el reconocimiento pleno del nuevo Estado catalán.
El borrador de la ley, da por hecho que Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.
Respecto a la organización de la Justicia, elimina la división de poderes y da un control absoluto al Govern catalán sobre el poder judicial, de manera que el presidente de la Generalitat nombraría al Fiscal General de Cataluña -ahora es potestad del jefe del Gobierno español y del fiscal general del Estado- y al presidente del Tribunal supremo catalán.
Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley secesionista, "podrán concursar en las plazas que se convoquen" en el hipotético estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Cataluña y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.
La amnistía para todos los imputados y condenados por causas secesionistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta independentista de 2014); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.
Asimismo, establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Cataluña en el pasado. En todo caso, dice, ello "no exige" renunciar al pasaporte español.
En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de "cualquier clase de derecho real" sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se "subrogaría" los contratos de obras y servicios formalizados por el estado y que afectan a Cataluña.
Maza se reúne con la cúpula fiscal para analizar la 'ley de ruptura' de la Generalitat
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, empezará a analizar este lunes con la cúpula de la Fiscalía la denominada 'Ley de ruptura' que prepara la Generalitat de Cataluña si el Gobierno de Mariano Rajoy impide la celebración de un referéndum de independencia.
Maza ha revelado en una entrevista que la Fiscalía empezará ya mismo a analizar la legalidad del borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica. El fiscal general del Estado ha querido transmitir el mensaje de que en España "funciona el Estado de derecho" tanto en casos de corrupción como en otros asuntos, como el de la independencia de Cataluña, que "pudieran ser irregulares".
Por tanto, la denominada 'ley de ruptura" será estudiada y analizada durante los próximos días y la Fiscalía "no tendrá problema alguno" en recurrirla "si va contra la ley", igual que ha recordado que ya ha hecho durante los últimos meses en casos muy diversos.
"Lógicamente lo tendremos que estudiar. Si consideramos que ahí hay algo que puede ir contra nuestras leyes sin duda se presentará una querella", ha avanzado, aunque se ha mostrado cauteloso porque el borrador sólo se conoce a través de un medio de comunicación.
"Lo que he visto es algo que parece cuanto menos sorprendente, extraño en el Estado de Derecho", ha reconocido sin querer pronunciarse sobre la calificación jurídica del fondo del asunto, que debe ser analizado en profundidad.
