Los grupos parlamentarios se han comprometido a estudiar "la mejor fórmula" para aplicar la ley de Transparencia a los partidos, los agentes sociales y las "entidades e instituciones que se financian esencialmente a través del dinero público", lo que podría afectar a la Casa Real. Este acuerdo se ha incluido en una propuesta de resolución consecuencia del debate del estado de la nación que han firmado PP, CiU, UPyD, UPN y CC con el objetivo de suscribir un pacto contra la corrupción y la transparencia.
El PNV ha votado a favor, pero el PSOE e Izquierda Plural, a pesar de compartir buena parte de sus propuestas, se han abstenido. Ha sido el portavoz de CiU, Pere Macías, quien ha subrayado ante el pleno del Congreso que se estudiará la posibilidad de que la Corona se someta a la ley de transparencia al ser una institución que se financia con recursos públicos.
En su propuesta inicial, el PP hablaba sólo de "entidades", y no de "instituciones", pero fuentes del grupo parlamentario han dejado claro que su posición no ha cambiado y que han aceptado esta nueva redacción en aras del consenso para lograr un pacto abierto.
En opinión de los populares, podrían quedar bajo la ley de transparencia los recursos públicos que emplean diversos ministerios -como Interior o Asuntos Exteriores-, al servicio de la Casa Real, pero no la propia Casa Real, ya que la Constitución establece que el Rey "distribuye libremente" la cantidad que recibe de los presupuestos "para el sostenimiento de su familia y Casa". El debate se abrirá cuando se presenten las enmiendas a la ley de transparencia.
Al margen de esta cuestión, la resolución apuesta por un acuerdo de las fuerzas políticas para luchar contra la corrupción que debería incluir un "pacto ético" sobre el tratamiento de los distintos casos y de los encausados y una comisión independiente formada por personas de reconocido prestigio social que remita al Parlamento un informe con propuestas para regenerar la democracia.
Se insta además al Gobierno a presentar los proyectos que anunció Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación: una ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos; una reforma de la ley del Tribunal de Cuentas; una reforma de la ley de contratos del sector público; una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas, y la reforma del código penal y de la ley de enjuiciamiento criminal.
El Congreso sólo aprueba 16 de las 102 resoluciones del Debate
El Pleno del Congreso ha cerrado el Debate sobre el estado de la Nación con la aprobación de sólo 16 de las 102 propuestas de resolución sometidas a votación: el pacto anticorrupción que el PP ha sellado con CiU y UPyD, CC y UPN; las otras 14 mociones presentadas por el Grupo Popular y un texto del PNV.
En esta tercera jornada del Debate sobre el estado de la Nación el PP ha hecho valer su mayoría absoluta y sólo ha apoyado una moción del PNV para garantizar que la futura reforma de la Administración Local garantizará "la singularidad foral del entramado institucional vasco". Por contra, ha tumbado todas las propuestas de la oposición, salvo sendas enmiendas del PSOE y de CiU que ha aceptado a sus propios textos sobre la Unión Europea y la Política Agraria.
