La juez que investiga la presunta trama de malversación en las obras del AVE de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a dos de los detenidos y ha impuesto una fianza a los otros tres para eludir el ingreso en prisión.
Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona acusa de un delito de malversación a los cinco detenidos, a los que ha tomado declaración durante cerca de ocho horas. En la operación contra esta presunta trama de malversación fueron detenidas diez personas, de las que cinco fueron puestas en libertad por la Guardia Civil y otras cinco han pasado a disposición de la juez que instruye el caso: dos responsables de Adif, un ingeniero, un jefe de obras y un representante de la empresa Corsán, la concesionaria de las obras bajo sospecha.
Los detenidos, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de hinchar el presupuesto de unas obras del AVE en Barcelona para desviar unos 6 millones de euros, han justificado ante la juez el sobrecoste final y han alegado que se trata de los flecos por unos trabajos realizados que todavía no han cobrado y que aún están pendientes de certificar.
Ante la juez, los acusados han negado la malversación y han argumentado que el sobrecoste final de seis millones de euros obedece a los flecos por unas obras que han llevado a cabo y que todavía no han cobrado, ya que aún están ultimando la certificación final para acreditarlo, según fuentes de las defensas.
En marzo de 2008, la contratista Corsán Corviam, ahora integrada en Isolux Corsán, se adjudicó en concurso público las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de 67,9 millones, frente a los 98,6 millones de euros presupuestados.
Según la versión de los acusados, en 2011 se acordó una modificación para incrementar el presupuesto en 13 millones (dentro del marco legal fijado en un 20% sobre el presupuesto inicial). Posteriormente, en el tramo final, el presupuesto se incrementó de nuevo en unos seis millones de euros -la cantidad que la fiscalía sospecha que los acusados han malversado- para acometer unas obras que, según han alegado, ya han sido realizadas y todavía no han cobrado. Los detenidos defienden también que este incremento final de 6 millones de euros se ubica dentro del límite legal, ya que supone un 10% del presupuesto inicial.
