El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ofreció al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una decena de acuerdos en materia económica, social e institucional para tratar de mostrar su “ánimo constructivo” e intentar poner de manifiesto que su partido está situado en la “centralidad” mientras que el PSOE gobierna con Unidas Podemos y pacta con los independentistas catalanes. Así lo aseguró el propio Casado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde celebró una reunión de casi hora y media con Sánchez para intercambiar posturas sobre las reformas que el país necesita y sobre la renovación de órganos constitucionales para los que el PSOE necesita el voto favorable del PP en el Congreso al requerirse una mayoría cualificada de tres quintos. El Gobierno ha interpretado que Casado sigue bloqueando cualquier acuerdo al poner las condiciones que ha expuesto.
Además de los pactos pendientes en grandes asuntos necesitados de reforma, como las pensiones, la educación o la financiación de las comunidades autónomas, los temas sobre la mesa son los siguientes.
Los pactos ofrecidos por Casado
El líder de los populares aseguró haber centrado sus propuestas en tres ámbitos (económico, social e institucional) con al menos tres ofertas de acuerdo en cada tema y subrayó que así se pone de manifiesto que “nosotros no estamos en las posiciones radicales del Gobierno”.
En lo institucional pidió a Sánchez:
- Que “renuncie” a la mesa de diálogo con los independentistas.
- Que “garantice la inhabilitación” de Quim Torrra.
- Que no modifique el Código Penal para beneficiar a los políticos catalanes condenados por el ‘procés’.
- Que desista de colocar a la exministra Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado al no reunir “requisitos de imparcialidad”.
En materia exterior, demandó a Sánchez:
- Que vuelva a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras referirse la semana pasada a él como líder de la oposición.
- Que aporte información sobre el encuentro de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas.
- Que defienda los intereses de Ceuta y Melilla de Marruecos.
En lo económico, Casado aconsejó al jefe del Ejecutivo:
- Que mantenga la reforma laboral tras el informe del FMI que reconoce que sirvió para crear empleo.
- Que devuelva el IVA a las comunidades autónomas como les corresponde.
- Que “renuncie a subidas de impuestos”.
- Que preserve la unidad de la caja única de la Seguridad Social.
- Garantiza su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para que tenga “estabilidad” durante toda la legislatura. Como condición le marcó que “rompa con los independentistas y con los batasunos” y que “haga cumplir la ley en vigor sin mutaciones sobrevenidas” para beneficiar a sus socios catalanes.
- Apoyo” del PP para negociar el presupuesto europeo “a cara de perro” e incluso vetarlo si en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará esta misma semana en las instituciones comunitarias España recibe malas noticias económicas.
Las instituciones que necesitan un acuerdo
Hay al menos una decena de organismos que por su carácter constitucional o regulatorio -independiente- requieren el acuerdo de los grandes partidos. Por doble motivo, por reflejar el máximo consenso y, al menos, apariencia de independencia, y por necesitar más votos de los que tiene el Gobierno.
Estos son los más significativos:
- Consejo General Poder Judicial, que lleva en funciones desde 2018. Está compuesto por 20 vocales, magistrados y juristas, elegidos por el Congreso y el Senado. Se consensúa porque se necesita el apoyo de 210 de los 350 diputados.
- Tribunal Constitucional. Cuatro de sus miembros tienen su mandato caducado. Se eligen, además de por el Gobierno y el Consejo general del Poder Judicial, por las cámaras, también con mayoría de tres quintos.
- Defensor del Pueblo. Otro órgano constitucional a la espera de elección del titular. Se necesita el apoyo de 210 diputados.
- Consejo de Administración Radio Televisión Española. El concurso público para elegir a los miembros del consejo está congelado desde 2019 y, además, pendiente de varios recursos en los tribunales. Se necesitan 233 diputados en una primera vuelta y la mayoría absoluta en segunda votación.
