El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del 'procés' en Cataluña, ha dado este viernes un impulso decisivo al procedimiento y para ello ha citado a todas las partes personadas -la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y las defensas de 22 de los investigados (todas menos los de los seis que permanecen huidos)- para comunicarles el auto de procesamiento, que fijará que conductas delictivas se imputan concretamente a cada uno de los implicados.
Entre ellos se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconsejero del Interior, Joaquim Forn y los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos en prisión preventiva.
También se conocerán los cargos concretos que pesan sobre el último candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, sobre la expresidenta Carme Forcadell, la exportavoz de ERC Marta Rovira y contra otros tres actuales diputados en el Parlament y exmiembros del Govern: Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.
Los seis han sido citados a las 10.30 horas por el juez para que se celebren unas vistillas en las que se revisará su actual situación procesal, que es de libertad bajo fianza.
Esta circunstancia podría variar dado que Vox se plantea pedir prisión provisional para todos ellos -es casi seguro en el caso de Turull- y la Fiscalía podría adoptar la misma posición ya que en su día pidió su ingreso si bien finalmente pudo ser eludido con fianza.
La decisión es clave, puesto que los seis citados son diputados en el Parlament y de entrar en la cárcel deberían pedir permiso a Llarena para poder acudir a las sesiones -que incluirían una eventual de investidura- o bien delegar su voto.
En este escenario, fuentes jurídicas han señalado que no todos los investigados van a ser previsiblemente procesados por los delitos más graves, que son los de rebelión o sedición, ya que dependiendo de sus diferentes responsabilidades en los hechos algunos de ellos podrían ser acusados formalmente de prevaricación o desobediencia y otros -los menos- incluso exonerados de toda responsabilidad penal.
El auto de procesamiento se dicta para poner en orden el relato de los hechos que hace el juez instructor de una causa después de la investigación, especificando en él las personas a las que acusa y de qué delitos les acusa.
No obstante, esto no quiere decir que haya terminado la instrucción, ya que el magistrado puede dictar auto de procesamiento en cualquier fase del proceso.
De hecho, el pasado 1 de marzo atendió la petición de la Fiscalía al declarar compleja la causa, con lo que la investigación puede alargarse hasta los 18 meses según acordó el propio Llarena al declarar 'compleja' la causa el pasado uno de marzo.
Posible reactivación de euroórdenes
Los que parece que también podrían ser procesados este viernes por rebelión o sedición y por malversación de fondos públicos -a no ser que este último delito, para el que se ha abierto una pieza secreta, se dirima más adelante- son los cuatro investigados actualmente en prisión y los seis citados para revisar su situación procesal, a los que podrían sumarse el propio presidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica, que son Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
No se descarta que, de ser procesados, Llarena pueda además reactivar las euroórdenes que pesaban contra ellos al inicio del procedimiento judicial por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue la que comenzó a tramitar la querella presentada en su día por la Fiscalía.
Posible suspensión de funciones
Por otro lado, y de ser procesados, comenzarían a cumplirse los requisitos exigidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder suspenderles de funciones y evitar así que puedan seguir ejerciendo cargos públicos.
Para que se pudiera aplicar este artículo también se exige que el auto sea firme -lo que puede confirmar la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo en los próximos días-, y que se haya decretado orden de prisión, lo que mañana podría estar también solventado.
Los seis investigados citados el viernes ya han comparecido ante Llarena a lo largo de la instrucción. En el caso de Turull, Rull, Romeva y Bassa, los cuatro estuvieron el pasado otoño un mes en prisión provisional, dictada primero por la Audiencia Nacional. Fueron puestos en libertad por Llarena cuando la causa pasó al Supremo bajo fianzas de 100.000 euros.
Por su parte, Carme Forcadell pasó una noche en la cárcel, ya que el juez decretó prisión eludible con fianza de 150.000 euros la noche del 9 de noviembre de 2017 y la expresidenta del Parlament hizo efectivo el pago de la fianza a la mañana siguiente. En cuanto a Rovira, compareció en el alto tribunal el pasado 19 de febrero y Llarena ordenó libertad bajo fianza de 60.000 euros.
Además de los ya citados, el resto de investigados en este procedimiento son Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación y que estuvo prisión provisional desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2017; Josep Rull: exconsejero de Territorio y Sostenibilidad y en prisión en el mismo periodo al igual que estuvo el exconsejero de Justicia Carles Mundó, aunque este último este enero renunció al acta de diputado y abandonó la política.
También está citada la defensa de Santiago Vila, exconsejero de Empresa y Conocimiento que dimitió de su cargo horas antes de que Puigdemont decidiera no convocar elecciones y sólo estuvo un día en prisión y los abogados de los exmiembros de la Mesa del Parlatambién en prisión preventiva Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y de Joan Josep Nuet.
Completan la lista de investigados el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exportavoz de la CUP huída en Suiza Anna Gabriel, la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal, la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP en el Parlament Mireia Boya y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.
