El PP llevará al Tribunal de Cuentas la cancelación del contrato de armamento con Israel

El Partido Popular ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas tras la decisión del Gobierno de cancelar el contrato firmado con la empresa israelí IMI Systems para la adquisición de munición. La formación sostiene que la ruptura del acuerdo se ha producido por razones "únicamente políticas" y "de forma arbitraria", lo que, a su juicio, podría tener consecuencias económicas para el Estado y derivar en responsabilidades contables.

Fuentes del PP han insistido este viernes en que el Ejecutivo ha tomado esta medida "por orden directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", y han advertido de que podría suponer un coste elevado para las arcas públicas, ya que implica una rescisión sin contraprestación.

El principal partido de la oposición considera que la cancelación del contrato incumple las obligaciones presupuestarias que exige la entrega de bienes o servicios y que, por tanto, puede derivar en un "menoscabo de los caudales públicos". Según los populares, este perjuicio no debe recaer sobre el contribuyente: "La responsabilidad debe afrontarla quien la genera, no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno", sostienen.

En esa línea, desde el PP se preguntan "quién asumirá el coste de la decisión personal de Sánchez" y recuerdan que, hace apenas 24 horas, se afirmaba que el acuerdo no podía anularse. "Hemos pasado de que era imposible rescindir un contrato ya firmado a que se haga al precio que sea", señalan.

Le acusan de un uso partidista del poder ejecutivo

Para el Partido Popular, la rescisión del contrato con la empresa israelí es un nuevo ejemplo del "abuso de poder" del jefe del Ejecutivo, llevado a cabo "por intereses políticos" y en contra del interés general. Añaden que la adjudicación estaba ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que consideran que revertirla sin fundamento jurídico representa un acto de arbitrariedad.

Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo aseguran que seguirán de cerca cada paso que se dé en torno a esta decisión y que exigirán responsabilidades en todos los niveles. Reiteran que el cumplimiento de los contratos firmados es una garantía del Estado de derecho, y que no puede estar condicionado "a las decisiones personales del presidente del Gobierno".

La cancelación del contrato

El contrato con IMI Systems había sido adjudicado en el marco de un programa de suministro de armamento para las Fuerzas Armadas. Aunque no se han detallado las razones exactas de la anulación, diversos medios apuntan a un cambio de criterio del Ejecutivo relacionado con la posición política sobre el conflicto en Oriente Próximo.

El Ministerio de Defensa no ha ofrecido, por el momento, una valoración pública del impacto económico que podría tener la rescisión del acuerdo ni de los términos legales en los que se ha formalizado la ruptura.

El Partido Popular, por su parte, concluye que se mantendrá "vigilante" y actuará en los tribunales si se confirma que la decisión del Gobierno ha vulnerado las normas de gestión presupuestaria.

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