Tras 4 meses exactos de juicio, con 52 sesiones de mañana y tarde, escuchados los peritos y 422 testigos, adsemás de un centenar de vídeos, el juicio ha quedado visto para sentencia. La pregunta es ¿y ahora qué?
Ahora el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que es además quien tiene que redactar la sentencia, se encierra -literalmente- para centrarse en ella. Es cierto que a lo largo del proceso los siete magistrados ya han ido deliberando sobre algunas cuestiones, como las relativas a derechos fundamentales, pero a medida que el ponente vaya avanzando en la sentencia la irá mostrando a sus compañeros para consensuar términos.
Y es que esta sentencia se emitirá por unanimidad.
¿Que podemos deducir de lo visto en el juicio? La desobediencia está admitida por los acusados, por lo tanto la sentencia ya no será absolutoria. La malversación parece probada. La máxima complejidad radica en el delito de rebelión.
La cuestión es: ¿en los acontecimiento de Cataluña del 20 de septiembre de 2017 y el día del referéndum ilegal del uno de octubre hubo violencia en el grado suficiente como para considerar que existió un delito de rebelión, para el que se piden hasta 25 años de cárcel? La Fiscalía y acusación creen que sí. La abogacía del Estado habla de sedición, castigada con hasta con 12 años. Las defensas vieron tumultos y han asegurado que si hubo violencia fue solo la de la Policía y la Guardia Civil.
Es este, por tanto, el gran asunto que tendrá que resolver el tribunal en una sentencia que es difícil que agrade a todos, pero que es seguro que tendrá consecuencias jurídicas (previsibles recursos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), políticas e incluso históricas.
