El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, reclamó a la Comisión Europea (CE) que envíe un equipo al Peñón para "reunir pruebas" contra unos controles que han provocado largas colas de automóviles durante las últimas tres semanas y que considera "desproporcionados" y "motivados políticamente".
La Comisión trasladó a Cameron que hará lo que esté dentro de su competencia para asegurar el respeto de las normas comunitarias, si bien le advirtió que espera que el asunto "sea tratado por los dos países de una forma que vaya en línea con su pertenencia común" a la Unión Europea (UE). A ese respecto, Londres sostiene que sus intentos por encontrar una salida dialogada al contencioso han resultado infructuosos y lamenta que España mantenga unas medidas que, en su opinión, restringen la libre circulación de los ciudadanos.
El Ejecutivo comunitario ha subrayado que España tiene la potestad de vigilar su fronteras, aunque los controles deben ser proporcionados, y ya confirmó la semana pasada su intención de enviar en septiembre inspecciones técnicas a Gibraltar para analizar las quejas recibidas. Downing Street avisó por su parte esta semana de que evalúa emprender "acciones legales sin precedentes" contra España, su socio en la OTAN y la UE, si bien no ha precisado cómo presentaría ese recurso legal, más allá de admitir que sería ante tribunales europeos. Londres se ha limitado a precisar que quiere analizar "con cuidado" esta espinosa cuestión, mientras que el Gobierno de Gibraltar considera que una opción posible sería una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los tabloides británicos se han hecho eco de especulaciones y han señalado que Londres podría considerar además vetar políticas de España en la UE o la elección de representantes españoles para órganos europeos, e incluso cebarse contra el sector turístico. El sensacionalista "The Daily Express" aseguraba esta semana que las autoridades británicas se plantean tomar represalias contra el sector turístico en España, que recibe cada año alrededor de catorce millones de británicos -el mayor número entre los turistas europeos- pero Londres no lo ha confirmado.
En uno de los momentos más tensos de la disputa entre España y el Reino Unido, Londres ha enviado una flota de nueve buques militares a unas maniobras en el Mediterráneo que incluyen escalas en puertos españoles y en Gibraltar, donde recalará la fragata "Westminster" el próximo lunes. El Ejecutivo británico ha presentado además una queja formal por esos controles "inaceptables" contra España, que el Gobierno de Mariano Rajoy justifica por la necesidad de controlar el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en Gibraltar, que no es territorio Schengen.
La crisis diplomática entre el Reino Unido y España podría empeorar si España decide finalmente aplicar una tasa de 50 euros por cruzar la Verja, una vez se determine si hay viabilidad jurídica. El Gobierno español la equipara con la "tasa de congestión" de hasta 12 libras (14 euros) que se paga diariamente por circular por el centro de Londres. Además, España ha amagado con acudir a organismos internacionales como el Tribunal de La Haya y la ONU, así como la posibilidad de dialogar con Argentina para tratar de hacer un frente común en Naciones Unidas sobre el Peñón y las Malvinas.
El conflicto diplomático entre los Gobiernos británico y español comenzó con el lanzamiento a finales de julio de 70 bloques de hormigón en las aguas que rodean el Peñón por parte de las autoridades gibraltareñas para supuestamente crear un arrecife artificial que regenere la pesca. El Gobierno de Madrid, que denuncia que ello impide faenar a los pescadores españoles, comenzó posteriormente a aplicar registros intensos en la frontera de Gibraltar, que cruzan diariamente 35.000 personas, causando filas de varias horas en la Verja.
