El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, declaró su "amor a España". Fue la frase más llamativa del principal acusado, lo demás se centró más en una declaración política: "Soy un preso político". Así se han considerado muchos de los acusados, que se han defendido contra el principal delito: la rebelión, alzarse de forma violenta contra el Estado: "Manifestarse no es alzarse, protestar no es un tumulto", decía el exconsejero encargado de las relaciones exteriores, Raúl Romeva.
Para todos ellos las movilizaciones fueron siempre pacíficas. Y el destrozo de coches de la Guardia Civil fue algo aislado, aunque no los niegan. El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, lo reconocía de forma gráfica: "Puedo ser independentista, pero no idiota".
Los acusados han defendido que el referéndum del 1 de octubre fue legal, aunque estuviera prohibido por el Tribunal Constitucional. El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, echaba mano del argumento del cambio legal de 2005, "fue despenalizado".
Han asumido un delito de desobediencia, por cierto, no castigado con cárcel, porque para ellos era más importante la voluntad de los independentistas que la ley. En palabras del exconsejero Josep Rull: "Cumplí con el mandato de la ciudadanía". También han negado que cometieran malversación. No compraron las urnas, incluso hoy niegan saber cómo llegaron a su destino, según el exconsejero Jordi Turull.
Y tras el referéndum, han sostenido que nunca se declaró la independencia. Lo decía la exconsejera Bassa: "Es una expresión política, pero sin consecuencias legales".
La voz disonante ha sido la de Santiago Vila, que dimitió del govern por la declaración de independencia. El defendía la negociación y todo era "tensar la cuerda, pero que no se rompiera". Por eso el resto de acusados le considera un traidor.
