La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante el Tribunal Supremo un informe contrario a abrir causa penal, por el momento, al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco de la pieza 'Dina' del caso Villarejo. Piden al alto tribunal que devuelva la causa al instructor, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, para que realice nuevas diligencias que consideran imprescindibles para que se pueda tomar una decisión sobre este asunto.
Indicios sólidos
El Ministerio Público considera que existen "indicios sólidos" de que Iglesias haya podido cometer un delito de revelación de secretos con el uso de los archivos almacenados en la tarjeta de memoria del móvil de la que fuera su asesora, pero añade que para poder investigar estos hechos es necesario que haya denuncia de la perjudicada. Asimismo, considera que también es necesario seguir recabando pruebas sobre cómo dicho dispositivo de almacenaje dejó de funcionar cuando le fue devuelto a Bousselham. En esta decisión han participado ocho fiscales de Sala del alto tribunal, que se han reunido en varias ocasiones para analizar si veían indicios de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación y denuncia falsa y/o simulación de delito en la conducta del líder morado en relación al uso de los archivos personales de Dina Bousselham, por cuyo robo en 2015 han sido procesados el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y dos periodistas.
Competente el Supremo
Pese a las distintas posturas manifestadas en uno u otro sentido, los fiscales finalmente han contribuido en la elaboración de un informe, que ha sido firmado por la fiscal Pilar Fernández Valcárcel, contrario a la apertura de una causa contra el vicepresidente. El escrito de la Fiscalía afirma que el Supremo es competente para abrir causa contra Iglesias, así como contra la vicepresidente tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, por su condición de aforados, si bien no ve que la Sala de lo Penal del alto tribunal pueda investigar a Bousselham, su marido, Ricardo De Sa Ferreira, y los abogados del partido morado Marta Flor y Raúl Carballedo. Todos ellos fueron incluidos en la exposición razonada que elevó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado 7 de octubre.
