Una de las profesoras del máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha admitido ante la jueza que en la URJC se aprobó a algunos alumnos aunque no hubiesen defendido el trabajo final ante un tribunal porque su superior, Enrique Álvarez Conde, decía que eso era "una mera formalidad".
Era él quien decidía qué alumnos debían defender el trabajo de fin de máster (TFM) y cuáles no, según el testimonio aportado por Cecilia Rosado, quien ha apuntado a Álvarez Conde como el responsable de todas las decisiones que se tomaban en relación al posgrado, según han informado fuentes jurídicas.
Rosado es una de los cuatro imputados que han declarado ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las supuestas irregularidades en el máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Cifuentes.
También han comparecido Clara Souto, que como Rosado figuraba como miembro del tribunal que evaluó el trabajo de fin de máster (TFM) de Cifuentes, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde y su número dos, Laura Nuño, cuya declaración se ha pospuesto para el 24 de septiembre a petición de su abogado.
Tanto Rosado como Souto han defendido que siempre que se aprobaba a un alumno era porque éste había presentado un trabajo final correcto, si bien han admitido que había quienes obtenían el título sin necesidad de defenderlo presencialmente ante un tribunal porque Álvarez Conde decía que no era "necesario".
E incluso Rosado ha ido más allá al señalar que entraba dentro de la normalidad firmar actas de evaluación por otros docentes: "Era práctica habitual firmar por los que debían hacerlo".
Esta profesora ha asegurado que solo respondía órdenes de Álvarez Conde -también involucrado en las supuestas irregularidades del máster de Pablo Casado- y ha afirmado que en alguna ocasión firmó el acta de evaluación de un alumno del máster porque su superior se lo dijo.
Ha precisado que ella era una "profesora visitante sin autonomía docente" en la URJC y que su contrato y renovación dependían de Álvarez Conde.
En la misma línea ha ido Clara Souto, quien ha declarado por primera vez como imputada por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa (antes lo hizo como testigo). Además de atribuir toda la responsabilidad a Álvarez Conde, Souto ha negado que fuese suya una firma que aparece en el acta de calificación de un alumno y ha dicho que nunca autorizó a nadie para que firmase por ella.
En su anterior comparecencia como testigo, Souto denunció que su firma había sido falsificada en el acta de notas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, si bien en esta ocasión no se ha pronunciado sobre este aspecto, según las fuentes.
Como se esperaba, Álvarez Conde se ha negado a declarar por tercera vez desde que comenzó el caso y ha vuelto a leer un documento de cuatro folios en el que ha alegado indefensión.
Ha recordado, como hizo en otras ocasiones, que la Audiencia Provincial de Madrid todavía tiene que resolver sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes, y no al de otros alumnos, y que el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre si asume o no la pieza separada del líder del PP, Pablo Casado, en la que también está imputado.
Quien no ha declarado ha sido la que fue su número dos, Laura Nuño, exsubdirectora del Instituto de Derecho Público de la URJC, que ha acudido a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde la jueza le ha comunicado que deberá comparecer como imputada el próximo 24 de septiembre.
A la salida, Nuño se ha pronunciado ante los medios acerca de otro máster, el de la ministra de Sanidad Carmen Montón. La que fuese directora del máster de Estudios Interdisciplinares de Género que cursó Montón ha dicho que no hubo "ninguna" irregularidad en la obtención del título y que la ministra "ha enseñado" el trabajo de fin de máster que presentó para aprobar el posgrado.
