Lunes histórico para la democracia: el Constitucional decide si frena la reforma que busca renovarlo

La democracia española atraviesa hoy un día histórico. En solo unas horas, el Constitucional va a tomar una decisión que puede abrir una crisis institucional. Sobre la mesaestá si admite el recurso del PP que pide paralizar la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Sánchez.

En las últimas horas el PSOE ha movido ficha con dos escritos para evitar que el PP paralice la reforma del Código Penal. En el primer recurso los socialistas advierten que si se admite la petición de los populares se verá vulnerado "el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos" y se perturbará "el funcionamiento de las Cortes Generales".

En esta línea Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha pedido "al señor Feijóo, a la derecha, a quien mande allí que terminen con esta deriva de tensión institucional en la democracia española".

Por su parte, los populares han señalado que la reforma que quiere el Gobierno sirve para contentar a sus socios con una decisión personal de Sánchez. Elías Bendodo, coordinador general de la formación, ha advertido al presidente del Gobierno que "no es el dueño de España" y que "España es de los españoles".

En el segundo recurso del PSOE se ha solicitado al Constitucional que se aparte del recurso a los magistrados Pedro José Gonzalez-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, sumándose así a las recusaciones de Unidas Podemos, alegando que fueron nombrados por el ex presidente Mariano Rajoy.

Por su parte Inés Arrimadas, presidenta del Ciudadanos, ha recordado que "cuestionar a jueces y las leyes y las bases de la democracia tienen consecuencias no sólo democráticas sino también económicas y sociales".

El PSOE no contempla el bloqueo de la reforma

En plena polémica por la decisión del TC, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apelado a la política del "respeto, el acuerdo y el entendimiento", mientras que su compañera de partido, Pilar Alegría, ha acusado a los populares de "deslegitimar" los tres poderes del Estado. "Cuando no se reconoce la legitimidad de un Gobierno, no se respeta la separación de los poderes del Estado y lo que es más grave, no se respeta la soberanía popular, que es lo mismo que no respetar los votos de los ciudadanos".

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