Manuel Gómez advirtió que "no se estaban haciendo bien las cosas"

El fraude de los EREs lo detectó Manuel Gómez, el interventor general de la Junta de Andalucía. Firmó quince informes denunciando que se repartía el dinero sin ningún tipo de control. Posteriormente,  en el parlamento andaluz, dijo que ningún responsable del gobierno de Andalucía le hizo caso.

Si repite esta declaración ante la juez, se abre el camino para que Griñán pueda ser imputado. Será una declaración clave, porque se trata de la persona encargada de controlar el destino de las partidas presupuestarias del gobierno andaluz.

Lo que para Griñán era la obra de "cuatro golfos", la juez Alaya lo califica como "plan orquestado para saquear el dinero público de la Junta de Andalucía".

La investigación comenzó en 2009 y el primero en ingresar en prisión fue Francisco Javier Guerrero, director general de Empleo. Su chofer denuncia que se gastaba el dinero en fiestas, copas y droga.

Guerrero y el sindicalista Juan Lanzas pactaban los EREs fraudulentos e incluían a esposas y amigos como prejubilados sin haber trabajado en esas empresas. Además, repartían las comisiones en sobres con dinero.

También pasó por prisión Antonio Fernández, ex consejero de empleo y, según la juez, autor intelectual de la trama.

La última parte de la investigación se centra en la responsabilidad política, los que presuntamente conocían el fraude y lo permitieron. Por eso, el dos de julio, la juez imputó a veinte ex altos cargos de la junta de Andalucía. A la cabeza, Magdalena Álvarez, antecesora de Griñán en el cargo.