La Ley de Acción y el Servicio Exterior, que tiene como objetivo "poner orden" y coordinar la labor de todas las administraciones en el extranjero, ha superado su primer trámite en el Congreso con el rechazo de las enmiendas de totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición salvo UPyD. En defensa del proyecto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha argumentado el "enorme desorden" que existe en la acción exterior española, no sólo en la que desarrollan las comunidades autónomas, sino también la que lleva a cabo la propia administración central.
Margallo ha desvelado que cuando llegó al Gobierno las comunidades mantenían 166 oficinas en el exterior y realizaron 931 viajes al extranjero, sólo desde 2008. Un despliegue poco coordinado al que se suma la acción exterior de los diferentes departamentos ministeriales del Estado con 718 viajes desde 2008, o las visitas al extranjero de los responsables municipales, unas 250 desde 2006.
No obstante, el titular de Exteriores ha dejado claro que la ley, la primera de este tipo en la historia de la democracia española, no intenta cercenar la acción exterior de las comunidades autónomas sino que busca que todo "suene como una orquesta afinada" y no como un solista sin dirección ni coordinación. "Todo lo que dice la ley sobre la acción exterior de las comunidades tiene un tono de mano tendida, de invitación", ha insistido Margallo, que ha emplazado a las comunidades a informar a Exteriores de sus viajes o a integrar sus oficinas en las embajadas de España para ahorrar costes y mejorar su eficacia.
Explicaciones que no han convencido a los grupos de la oposición que han criticado el proyecto porque, a su juicio, invade competencias autonómicas. Todos los grupos han pedido su retirada y su devolución al Gobierno, excepto UPyD, cuya portavoz en la Comisión de Exteriores, Irene Lozano, ha negado que haya injerencia en las competencias autonómicas e incluso ha lamentado que no haya más controles.
Para el diputado del PSOE Alex Sáez Jubero, este proyecto ha estado imbuido desde el primer momento por el "espíritu de la imposición", al tiempo que ha acusado al ministro de haber "ninguneado" a los partidos, al mundo académico e incluso al cuerpo diplomático. El texto, ha advertido, tiene "demasiados recuerdos preconstitucionales" y con él, Margallo pretende dirigir "una orquesta sin músicos" al no querer contar con las comunidades autónomas en la acción exterior.
En esta misma línea, el portavoz de CiU en este debate, Jordi Xuclá, se ha preguntado si la respuesta a la apertura de oficinas de las comunidades en el extranjero va a ser su cierre violento. Además, se ha quejado de que el proyecto legislativo no haya entrado en que los distintos ministerios continúen nombrando a sus propios consejeros en legaciones españolas, muchos de ellos cobrando más que el propio embajador.
Joan Josep Nuet, portavoz de Exteriores de la Izquierda Plural, ha abogado por "un liderazgo internacional moderno, social, avanzado, pacífico y solidario" y ha señalado que el Gobierno debería considerar la acción exterior de las comunidades como un complemento a la labor del Ejecutivo.
Desde el PNV, Aitor Esteban, ha justificado el rechazo de su grupo porque no está de acuerdo en que la acción exterior venga "impuesta" por el Estado y no se base en la distribución de competencias, sino en una jerarquía en la que la Administración central pretende estar por encima de las autonómicas.
Idea reiterada desde el grupo mixto, en el que los diputados Jon Iñarritu (Amaiur), Alfred Bosch (ERC) y Rosana Pérez (BNG) han coincidido en culpar al Gobierno de "invadir" las "legítimas" competencias de las comunidades en cuanto a la acción exterior.
El proyecto que ha superado su primer trámite parlamentario encomienda al nuevo Consejo Ejecutivo la elaboración en un plazo de seis meses de un informe sobre toda la acción exterior, para evitar duplicidades y mejorar su eficacia. Establece que los nuevos embajadores partan a sus destinos con una carta de instrucciones, un documento con las claves de su mandato, elaborado con las aportaciones de las distintas administraciones y empresas con intereses en el país. Además, el Congreso podrá solicitar la comparecencia de esos nuevos embajadores para que den cuenta de sus planes y objetivos para la legación diplomática.
