Margarita Robles será la nueva ministra de Defensa

La portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, será la ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, han confirmado fuentes cercanas al presidente. Persona de confianza de Sánchez, del que fue número dos por Madrid en las últimas elecciones generales, Robles, de 56 años, nacida en León, fue secretaria de Estado de Interior (1996-1998) y de Justicia (1993-1994), así como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2008 a 2013.

Según las mismas fuentes, Robles asumirá las competencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que vuelven así a Defensa, tras haberlas asumido la Vicepresidencia del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy.

Como secretaria de Estado de Interior, Robles impulsó la investigación del secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, retiró los fondos de los GAL para la llamada guerra sucia contra ETA y ordenó la busca y captura de Luis Roldán.

Aunque no es militante del PSOE por su condición de jueza, apoyó públicamente la campaña de Sánchez a la Secretaría General en las primarias de hace un año, tras ser una de las diputadas díscolas que rompieron la disciplina de grupo y votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy. Ha sido portavoz del grupo socialista en el Congreso durante el último año, cargo en el que será relevada por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Más de dos décadas después de su primera experiencia de Gobierno, cuando fue secretaria de Estado entre 1994 y 1996 bajo la égida del entonces "superministro" Juan Alberto Belloch, Robles vuelve al Ejecutivo para ponerse al frente de los Ejércitos.

Robles entró en el Ejecutivo como subsecretaria de Justicia un año antes, pero al asumir Belloch las competencias de Interior se convirtió en una secretaria de Estado prácticamente con atribuciones de ministra. Era la última etapa de Felipe González y en aquel ejecutivo se vio obligada a lidiar con problemas espinosos, como por ejemplo el caso Roldán y o el de Lasa y Zabala.

Aquella experiencia en una etapa políticamente convulsa se completa con la más reciente, la que ha vivido como portavoz de un grupo socialista al que llegó como "sanchista" pero sin el pedigrí de militante del PSOE. En esta otra responsabilidad, en la que comenzó al final de la primavera pasada, ha vivido otra breve pero muy notable segunda etapa de ejercicio político no exento de luchas, en este caso internas. Además, el hecho de que Sánchez no disponga de escaño le ha brindado un protagonismo notable en los debates del Congreso.

De este modo, nadie puede dudar de la combatividad de Margarita Robles, cuyo carácter enérgico es también conocido en el mundo de la Justicia. En ese contexto su experiencia es mucho mayor que en la política. Robles, que nació en León en 1957, fue pionera en el acceso de la mujer a las altas instancias de la judicatura, siendo la primera en presidir una sala de lo penal, una Audiencia Provincial, la de Barcelona, y una de las primeras mujeres en entrar en el Supremo, en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con tan sólo 24 años ingresó en la carrera judicial como número uno de su promoción. En 1984 era ya magistrada de la Audiencia de Barcelona y, veinte años más tarde, en 2004, fue elegida magistrada del Supremo, convirtiéndose así en una de las primeras mujeres en entrar en el alto tribunal. En mayo de 2016 volvió a la política como número dos del PSOE en la lista por Madrid y, tras la dimisión de Pedro Sánchez a raíz del polémico Comité Federal de octubre, abanderó la resistencia a la abstención del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy.

Robles fue uno de los ocho diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto y mantuvo el "no es no" a Rajoy, por lo que fue sancionada por la dirección del grupo. Desde entonces ha sido una de las caras más destacadas de los diputados "sanchistas", criticando el papel de la gestora y determinadas decisiones de la dirección provisional. Su vuelta a la política llevó aparejada su pérdida de la condición de magistrada por decisión del Consejo General del Poder Judicial, un episodio que evidenció su enfrentamiento con su presidente, Carlos Lesmes.

Ella misma vinculó esa exclusión a su juicio "ilegal", con una decisión "en clave personal" de Lesmes. También es conocido su enfrentamiento con Baltasar Garzón, otrora compañero de Gobierno, quien incluso la acusó de actuar guiada por su "enemistad manifiesta" cuando ella era vocal del CGPJ y el órgano de gobierno de los jueces lo suspendió.