María Jesús Montero, Alberto Garzón y Teresa Ribera han comparecido en rueda de prensa para aclarar los temas que se han abordado en el Consejo de Ministros y los acuerdos a los que se ha llegado.
La portavoz del gobierno, María Jesús Montero ha informado de que no solo Madrid ha sido la ciudad aprobada como zona catastrófica debido al temporal 'Filomena'.
Zonas catastróficas en otras comunidades
Las comunidades de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra han sido calificadas como 'zonas catastróficas'.
De momento, no se conocen las cuantías que se derivarán a cada comunidad autónoma para afrontar los daños. Esta medida llega después de que Madrid y Castilla-La Mancha pidiera al gobierno que se les calificara como zona catastrófica.
"Con esta decisión queremos agilizar los procedimientos y evitar demoras en la percepción de las ayudas", asegura María Jesús Montero.
70% de las vacunas ya han sido administradas
Por otra parte, la portavoz del gobierno ha informado que el proceso de vacunación en España sigue los plazos que se pusieron como objetivo al principio: "Vamos camino de que en mayo y junio haya 15/20 millones de españoles vacunados".
María Jesús Montero ha explicado que ya se ha inoculado el 70% de las dosis que ha recibido España y que ya se ha comenzado a poner la segunda dosis en las personas que están en residencias, además de personal sanitario.
"Los cálculos de Madrid no parecen correctos"
Tamnién se han aprobado ayudas que establecerán compensaciones por supuestos de fallecimiento o incapacidad producida por el temporal, así como a las empresas o personas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes para combatir el temporal.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ha recalcado que los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid sobre la cantidad de daños que ha producido el temporal 'Filomena' en la capital, 1.398 millones de euros: "Creemos que los costes son equivocados".
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes la modificación de la figura relativa al consumidor vulnerable, impulsada por el ministro de Consumo Alberto Garzón.
