Desde que el Tribunal de Estrasburgo anuló la doctrina Parot el pasado mes de octubre, al menos unos 70 delincuentes, entre los que hay etarras, violadores y otro tipos de criminales, han sido excarcelados y disfrutan ya de todos los derechos de un hombre libre.
El Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez ha explicado en Espejo Público que entiende la "alarma social" que dichas liberaciones han causado en la sociedad, pero añade "tenemos la obligación de dar respuesta a esa alarma social, dentro de la legalidad".
El pasado viernes salió de la prisión de Herrera de la Mancha Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen de Alcásser. Tras este hecho los vecinos de esta localidad alicantina mostraron su repulsa a que delincuentes condenados estén ya en libertad. Otro de los temores que manifiesta la sociedad es que, como muchos de ellos salen enfundados en pasamontañas no se conoce su aspecto actual algo fundamental para detectarlos en la calle.
Preguntado por si conocen la ubicación actual de Ricart, Martínez Vázquez se ha mostrado prudente y no ha querido contestar ni con un sí ni con un no, limitándose a reiterar que "la labor de la Guardia Civil es evitar que se cometan delitos y guardar la seguridad ciudadana".
Otro de los temas sobre los que se pronunció el Secretario de Estado ha sido la ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el anterior Consejo de Ministros. Martínez Vázquez ha destacado que "esta futura ley no pretende recortar ni modificar ningún derecho, sino detectar, corregir y establecer las sanciones de conductas violentas".
Francisco Martínez ha recordado que en España las manifestaciones sólo están reguladas por una ley de 1983 y "sólo están sometidas a su comunicación a las delegaciones del gobierno", además añade que ahora se pretende fijar la falta administrativa de aquellas conductas que no llegan a tener la gravedad de un delito y que incitan a comportamientos "violentos".
