Tribunales

Más de 50 periodistas rechazan que una jueza investigue la publicación de un informe de la UCO

La titular del juzgado número 20 de Madrid ha imputado a 4 periodistas en un caso derivado del Fiscal General y les acusa de revelación de secretos

Fachada del Tribunal Supremo

Fachada del Tribunal SupremoAntena 3 Noticias

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55 periodistas de numerosos medios de comunicación, la mayoría especializados en información de tribunales, han firmado un comunicado en rechazo a la imputación de 4 de sus compañeros -de El Mundo, El País y 20 Minutos- por parte de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, Adelaida Medrano.

Se les atribuye un delito de revelación de secretos tras publicar extractos de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que forma parte de la investigación del caso por el que se investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, así como a la Fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El asunto se derivó desde el Supremo a los juzgados de Madrid tras una queja tanto de las defensas como de la acusación particular, que ejerce Alberto González Amador, el novio de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Reivindican su "independencia, profesionalidad y honestidad"

Los periodistas que suscriben el comunicado subrayan que "no podemos compartir la apertura de investigaciones que puedan afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional", como es el caso de las presuntas filtraciones de las datos privados del novio de Ayuso.

Los firmantes reivindican "la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación", ya que -tal y como se recuerda en el escrito- muchos periodistas pudieron tener acceso a ese mismo informe y publicaron el contenido que consideraron relevante para la opinión pública ejerciendo su labor, que está "amparada por el artículo 20 de la Constitución española". Además, alertan del efecto disuasorio (también conocido como "chilling effect") que puede suponer una causa así, tanto para los investigados como para sus fuentes; un efecto considerado muy perjudicial para las sociedades democráticas.

El escrito se ha presentado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló; al presidente del Tribunal Superior Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, y a la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco.

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