Mas asume ante el juez toda la "iniciativa política" del 9-N y alega que el TC no les "advirtió" de las consecuencias

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asumido toda la "iniciativa política" en la organización de la consulta independentista del 9-N de 2014, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal" sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament". Mas ha afirmado que las exconselleras Ortega y Rigau se limitaron a obedecer las "directrices" que él mismo dictó para la consulta independentista, en respuesta a su abogado, Xavier Melero.

Artur Mas también ha alegado que el Tribunal Constitucional no advirtió al gobierno catalán de las responsabilidades en que incurriría de mantener la consulta independentista del 9-N, ni respondió a las peticiones de aclaración que le hizo llegar la Generalitat. "Nadie nos requirió, nadie nos advirtió, solo recibimos una comunicación", ha afirmado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El expresidente de la Generalitat ha admitido, sin embargo, que el gobierno catalán modificó el "formato" de la consulta independentista de 2014 tras la suspensión del TC, de forma que la ejecución de esta quedó exclusivamente en manos de voluntarios, unas 40.000 personas, a las que ha agradecido su desinteresada colaboración.

Mas ha aducido que tras la suspensión del TC la consulta cambió de "formato", de forma que la administración catalana "ya no era directamente responsable" en la organización de la votación. En respuesta al interrogatorio de su abogado, el expresidente catalán ha proclamado que el "proceso participativo del 9-N", cuya ejecución -ha insistido- quedó en manos de voluntarios tras la suspensión, "no fue un capricho individual, una salida de tono, una boutade de última hora", sino el cumplimiento de un "mandato parlamentario" tras unas elecciones democráticas que nadie impugnó.

El acusado ha argumentado que el gobierno catalán no tenía "ánimo de desobedecer" al Constitucional, al permitir que la consulta se desarrollara, y ha recordado que el ejecutivo autonómico nunca recibió una advertencia "clara" del TC de las responsabilidades en que podía incurrir de mantener la consulta independentista, tras la suspensión.

Tras insistir en que la Generalitat disponía de una ley emanada del Parlament que amparaba la consulta, Artur Mas ha precisado que una vez el TC la suspendió "difícilmente la administración lo podía hacer con suficientes condiciones y garantías", por lo que se hizo un llamamiento a voluntarios para que asumieran su organización. "La transformamos en otro tipo de consulta, no organizada por la administración, pero con el concurso de 42.000 voluntarios", ha recalcado el presidente de la Generalitat, que ha aducido que tras la suspensión había incluso una "imposibilidad material" de detener la organización del 9-N ya en marcha.

Por ese motivo, ha explicado, el gobierno de la Generalitat decidió "cambiar el formato" del 9-N, manteniendo la pregunta acordada, pero con un "sistema de garantías" que, a su parecer, "se cambió de una forma sustancial", aunque el Govern seguía ejerciendo sus "amplias competencias" en participación ciudadana. "No se trataba de una consulta para tener vinculaciones legales, solo para conocer la opinión de la gente", ha añadido el expresident, tras lamentar los infructuosos intentos del Govern de llegar a un "acuerdo" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para preguntar a los catalanes sobre su futuro.

Según el expresidente catalán, una vez la Generalitat decidió cambiar el formato del 9-N "se nos dejó solos desde un punto de vista político", lo que dio "la sensación de aún mayores dificultades", pero el "compromiso" del gobierno catalán era tan "evidente" que se decidió seguir adelante con la votación. Haciendo suyo uno de los argumentos con que la Fiscalía Superior de Cataluña se opuso inicialmente a una querella por el 9-N porque nunca hubo un apercibimiento al Govern, Mas ha defendido que la petición de la suspensión de la consulta no fue acompañada de una advertencia clara que avisara de las responsabilidades penales en que se podía incurrir en caso de mantener la votación.

En ese sentido, ha recalcado que el TC dio la callada por respuesta incluso cuando la Generalitat, tras la suspensión, le pidió por escrito que aclarara el alcance de su orden. Mas ha subrayado también en su declaración la "ridiculización, menosprecio y mofa" con que el Gobierno central se refirió a la consulta del 9N en los días previos a la celebración de la consulta: "Se consideraba una cosa secundaria, menor, intrascendente".

Artur Mas, reprendido por el juez por preguntarse a sí mismo

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha reprendido a Mas por hacerse preguntas a sí mismo y le ha pedido que se limite a contestar "si lo desea". En un momento del interrogatorio, cuando Melero le ha preguntado si el 9-N tuvo conocimiento de las denuncias que se estaban presentando contra la votación, Mas ha afirmado que sí que lo supo, a medida que iba avanzando la jornada, y se ha se preguntado: "¿Si tan evidente era que aquello era un delito, o más de uno, cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para hacer obedecer su resolución o providencia?".

Barrientos ha intervenido inmediatamente y le ha advertido a Mas de que ese no era "el objeto de su declaración". "No debe formularse preguntas, usted se limita a contestarlas si lo desea", ha espetado el juez, ante lo que Mas ha replicado: "pues lo voy a hacer con afirmaciones, porque afirmaciones sí que las puedo hacer, ¿no?". "El Constitucional en ningún caso hizo nada de nada para que se obedeciera aquella notificación", ha enfatizado Mas.

Mas se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular en el juicio por el 9N, por lo que únicamente responderá a su defensa. En el TSJC se ha iniciado el juicio contra Mas, Ortega y Rigau, que afrontan penas de inhabilitación por un delito de desobediencia grave y de prevaricación.

La defensa de Artur Mas ha alegado ante el TSJC que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia. En el trámite de cuestiones previas, que se ha iniciado hacia las 9:30 de la mañana, las defensas de Mas, Ortega y Rigau han argumentado que la denegación de esa prueba supone una vulneración del derecho de defensa y a un proceso a todas las garantías.

El informe a que se han referido las defensas es el escrito que la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña redactó en 2014 para oponerse a la presentación de una querella por desobediencia contra el gobierno catalán, que finalmente fue impuesta por la Fiscalía General del Estado. La propia Fiscalía se opuso durante la instrucción de la causa a que se aceptara como prueba ese informe interno, que finalmente el TSJC acabó descartando incorporar a la causa. La defensa también ha alegado indefensión por la no aceptación de los testimonios del presidente del Gobierno , Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El TSJC ha descartado que se haya causado indefensión al expresidente catalán al denegarle como prueba ese informe. El fiscal Emilio Sánchez Ulled -que lleva el juicio junto al teniente fiscal Francisco Bañeres- ha vuelto a oponerse a la aceptación de ese informe del ministerio público como prueba, al entender que la propia sala ya lo denegó en su día y que el escrito "no aporta nada respecto al contenido de los hechos", más allá de un mero "efecto retórico".

Sánchez Ulled ha recalcado que la Fiscalía se rige por los principios de "imparcialidad, legalidad, unidad y jerarquía" y que dispone de sus propios mecanismos para adoptar decisiones, sin que el informe contrario a la querella tenga interés alguno para la causa. Además, en opinión de la Fiscalía, los argumentos que esgrimían los fiscales en su informe interno -elaborado en noviembre de 2014- ya han sido empleados por las defensas de Mas, Ortega y Rigau para pedir el archivo de la causa a lo largo de la instrucción.