El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha ingresado este martes 200.000 euros de la fianza en el Tribunal de Cuentas para seguir cubriendo la fianza que se le impuso por lo que costó la consulta ilegal del 9-N de 2014. Mas ya ha depositado 2.400.000 euros y tiene hasta el 16 de noviembre para afianzar los 2,8 millones de euros que le quedan para completar la cantidad fijada por el órgano fiscalizador.
Mas, sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces, investigados por este supuesto empleo de dinero público, ya aportaron casi 2,2 millones de euros, por lo que aún le quedan por afianzar unos 2,8 millones de euros de los 5.251.948,17 euros fijados para garantizar que se reintegre a las arcas públicas lo gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.
La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas acreditó el ingreso de esos dos millones de euros y aceptó la prórroga solicitada por la defensa de los investigados de 15 días hábiles para reunir el resto de esta fianza, que es solidaria y conjunta, atendiendo a los "medios económicos de los presuntos responsables". Este plazo finaliza el jueves 16 de noviembre y si en esta fecha Mas y los demás no han aportado el dinero que falta, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de los bienes de los responsables del 9N.
Para el Tribunal de Cuentas, Mas es el máximo responsable del coste de la consulta soberanista por ser el expresidente de la Generalitat en aquel momento, por lo que debe responder de forma solidaria con los exaltos cargos del gobierno a la fianza
impuesta.
El Tribunal de Cuentas dividió el coste total en varios bloques --en los que Artur Mas aparece en todos ellos junto a los otros denunciados-- relativos a la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación; la campaña institucional; la ampliación del contrato de seguro para incluir voluntarios que participaron en la votación; el registro de una página web; la fabricación del material para ser empleado en la votación y transporte del mismo a los locales de votación; la elaboración del soporte informático necesario para la consulta; el envío de información; el centro de prensa para la cobertura informativa; y un contrato menor para la producción de la campaña informativa.
Además, el Ministerio de Hacienda ha denunciado al expresidente catalán Carles Puigdemont, a sus exconsellers y a las plataformas ANC y Òmnium ante el Tribunal de Cuentas para que el organismo fiscalizador investigue los costes del referéndum del 1 de octubre, según han confirmado fuentes del Gobierno.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el que denuncia el uso de dinero público en el referéndum independentista. Quiere Hacienda que la Fiscalía inicie las "actuaciones oportunas" encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó.
Además, Fernández de Moya precisa que deben aclararse todos los fondos públicos destinados a este fin, incluidas las subvenciones que recibieron la ANC y Òmnium, cuyo papel en la promoción y organización del referéndum "parece evidente -dice- a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación".
