La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel, al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón y a otros miembros del Consejo Rector de la agencia pública IDEA, antigua IFA, por un presunto delito continuado de prevaricación y malversación, incluido delito continuado de falsedad, por las ayudas concedidas al grupo empresarial encabezado por José Enrique Rosendo y José María Sayago.
La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto con fecha de 13 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ha imputado a más de una quincena de miembros de dicho Consejo Rector como José María Bueno Lidón, Braulio Medel, Juan Carlos Soriano, Manuel López Casero, Jesús Nieto González, Juan Paniagua Díaz, Francisco García Martínez, Rafael Herrera, Francisco del Río Muñoz, Ana María Peña, Angel Garrido, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez López, José Domínguez Abascal, Joaquín Moya-Angeler, y Felipe Romero Lubia.
Igualmente, la juez amplía la imputación del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector de la Agencia Idea Jacinto Cañete. También pide que se tome declaración en calidad de imputados a Francisco Mencía Morales, Miguel Angel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez, Pablo Millán y Juan Vela Quiroga.
La juez ha citado a declarar a los 25 entre los días 19 y 23 de mayo, destacando que el día 19 irán a declarar Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández, entre otros, y el día 21, Braulio Medel y Bueno Lidón. En el auto, Alaya explica que tras las declaraciones policiales de Mencía Morales y Serrano Aguilar, quienes fueran directores generales de IDEA, se abre un capítulo, dentro de la investigación de las subvenciones concedidas por la Junta a las empresas de Rosendo y Sayago, que concierne al papel desempeñado por la agencia y por consiguiente por la Consejería de Innovación en el proceso "no solo de materialización y ejecución, sino de concesión de subvenciones a empresas del programa 31L de la Consejería de Empleo".
Considera necesaria la práctica de diligencias para investigar el funcionamiento del Consejo Rector y determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados en el auto de fecha 18 de diciembre de 2013, que integraron el Consejo, en su condición de presidente o vocales. En este punto, indica que dentro de estas diligencias se encuentran las declaraciones como testigos de Mencía Morales y Serrano Aguilar, quienes reconocieron que eran "conscientes de que las ayudas autorizadas por ellos y por el Consejo Rector eran ayudas directas que debían haber seguido el procedimiento legal de subvenciones".
Por ello, Alaya imputa a Mencía Morales, Serrano Aguilar y Jacinto Cañetes, directores de la agencia entre 2003 y 2009, un presunto delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Según el auto, los dos primeros serían partícipes del falseamiento del Presupuesto de IFA/IDEA, presupuestando gastos inexistentes para permitir el sistema de transferencias de financiación a la Consejería de Empleo.
