La Mesa del Congreso admite a trámite la delegación de competencias a Cataluña

La decisión de la Mesa del Congreso de admitir la proposición a trámite se apoya en un criterio avalado por los servicios jurídicos de la Cámara. Según fuentes parlamentarias, los letrados consideran que existen numerosos antecedentes de proposiciones de ley sobre delegación o transferencia de competencias que han sido aceptadas para su debate, incluyendo temas como tráfico o servicios de meteorología.

En este sentido, por parte del PSOE se defiende que el papel de la Mesa no es realizar un juicio político o constitucional, sino facilitar el debate parlamentario. La proposición de ley, registrada el pasado 4 de marzo, es fruto de un acuerdo entre el PSOE y Junts sobre las competencias en inmigración a Cataluña

El texto plantea que Cataluña asuma funciones clave en la gestión migratoria, incluyendo el control de fronteras para la devolución de inmigrantes, la gestión de permisos de residencia, la administración de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la coordinación de la seguridad en puertos y aeropuertos mediante los Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Gobierno defiende lo que ha denominado delegación de competencias como un refuerzo del autogobierno catalán dentro del marco constitucional, amparándose en el artículo 150.2 de la Carta Magna, que permite al Estado delegar competencias exclusivas a las comunidades autónomas mediante una ley orgánica. Sin embargo, tanto el PP como Vox han calificado la iniciativa de inconstitucional, argumentando que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.2, y que su naturaleza no permite una descentralización de este calibre.

Reacciones

Esta resolución, que ha contado con el voto en contra del PP y las críticas de Vox, marca el inicio de un proceso legislativo que promete ser tan complejo como polémico. El PSOE y Sumar celebran la decisión como un avance en el fortalecimiento del modelo autonómico y un cumplimiento de los compromisos con sus socios de investidura. Desde Junts, se destaca que el acuerdo responde a una demanda histórica de mayor control sobre las políticas migratorias en Cataluña.

Por su parte, el PP y Vox han elevado el tono de sus críticas. Los populares, que votaron en contra en la Mesa, acusan al Gobierno de "mercadear" con competencias estatales para asegurar su supervivencia política, mientras que Vox ha intentado, sin éxito, bloquear la tramitación desde el primer momento, calificándola de "ataque a la soberanía nacional". Ambos partidos coinciden en que el traspaso podría sentar un precedente peligroso para otras comunidades autónomas y debilitar la cohesión del Estado.

Los próximos pasos

Con la admisión a trámite, la proposición de ley inicia un recorrido legislativo que estará lleno de obstáculos. El siguiente paso será su toma en consideración en el Pleno del Congreso, un trámite que requerirá el apoyo de la mayoría de los socios de investidura del Gobierno, incluyendo a ERC, PNV y Bildu, además del PSOE, Sumar y Junts. Sin embargo, la oposición de Podemos y las dudas dentro de algunos sectores de Sumar podrían complicar esta votación, cuya fecha aún está por determinar.

Si supera este filtro, la norma pasará a la fase de ponencia y comisión, donde se debatirán enmiendas y se perfilará el texto definitivo. No obstante, el proceso podría dilatarse si se prorroga el plazo para presentar enmiendas, una táctica habitual para ganar tiempo o buscar consensos. Finalmente, la ley deberá ser aprobada por el Congreso y el Senado, antes de entrar en vigor.

Un debate más allá de lo jurídico

Más allá de los aspectos legales, la delegación de competencias de inmigración a Cataluña abre un debate político y social profundo. Por un lado, el Gobierno y sus aliados argumentan que Cataluña, con un 18% de población extranjera y un 24% de personas nacidas fuera de la región, tiene la experiencia y la legitimidad para gestionar este ámbito. Por otro, los detractores ven en esta medida un paso hacia la fragmentación del Estado y un riesgo de desigualdad entre comunidades autónomas, especialmente aquellas con fuertes presiones migratorias como Canarias o Andalucía. Además, la polémica sobre el papel del catalán en los requisitos de residencia —negado por el Gobierno, pero defendido por Junts— añade otra capa de tensión al asunto, evidenciando las discrepancias incluso entre los firmantes del acuerdo.

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