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los letrados de la Cámara sostienen que es contrario al Reglamento del Parlament
JxCat retira del orden del día de la reunión de la Mesa la solicitud de Puigdemont de ejercer el voto delegado
El voto de los cinco diputados soberanistas que quieren delegar su voto es clave ya que, sin él, las fuerzas soberanistas en el Parlament están equilibradas: hay 65 diputados no independentistas que rechazan la investidura de Puigdemont y 65 independentistas que están dispuestos a hacerla efectiva. La Mesa ha aparcado este martes la decisión sobre delegación del voto de los diputados en Bruselas.
La Mesa del Parlament ha decidido aparcar, dejando "encima de la mesa", las solicitudes de delegación de voto presentadas por los diputados de JxCat y de ERC que están en Bruselas, y el jueves el presidente de la cámara se reunirá con los portavoces de los grupos para estudiar cómo realizar la investidura. Según han indicado fuentes de la Mesa al finalizar la reunión mantenida, Puigdemont ha retirado su solicitud de delegación de voto, por lo que ya no ha sido considerada, mientras que el resto de diputados que permanecen en Bruselas mantienen sus solicitudes.
Estas solicitudes, sin embargo, no han sido debatidas en la reunión de la Mesa de este martes y la mayoría independentista ha optado por dejarlas aparcadas "encima de la mesa" y estudiarlas en otro momento. No han sido pedidos más informes a los letrados del Parlament sobre la posibilidad de una investidura telemática o delegada, pero el jueves el presidente del Parlament, Roger Torrent, mantendrá una reunión con representantes de los grupos. Esta reunión tendrá un carácter informal, puesto que los grupos parlamentarios aún no están constituidos y no hay todavía portavoces, pero tendrá como objetivo debatir la fecha y el procedimiento que puede ser utilizado para realizar el debate de investidura.
Sobre la delegación de voto, fuentes parlamentarias han recordado que Puigdemont o cualquier otro diputado tiene la posibilidad de volver a pedir la delegación de voto hasta 5 minutos antes del inicio del pleno, si bien es la Mesa la que tendría que pronunciarse sobre si la acepta o la rechaza en función de lo que indica el Reglamento del Parlament (cuatro de los siete miembros de este órgano son de JxCat y ERC). La reunión ordinaria de la Mesa mantenida ha durado menos de una hora y en ella han sido tratados cuestiones "de trámite", además de aplazar la decisión sobre las delegaciones de voto.
El voto de los cinco diputados en Bruselas es clave ya que, sin él, las fuerzas en el Parlament están equilibradas por completo: hay 65 diputados no independentistas que rechazan la investidura de Puigdemont y 65 independentistas que están dispuestos a hacerla efectiva.
El informe de los letrados era contrario a que los tres diputados en la cárcel puedan delegar el voto, pero la delegación se hizo efectiva y el Gobierno central anunció que no tenía previsto recurrirlo ante los tribunalesanunció que no tenía previsto recurrirlo ante los tribunales. Sin embargo, el Gobierno central sí anunció que recurrirá una eventual delegación de voto de los encausados que están en Bélgica.
Si el Parlament convoca el pleno para investir a Puigdemont y permite delegar el voto de los encausados en Bélgica y de nuevo a los que están en la cárcel, el bloque independentista contaría con 70 diputados y podría investir al líder de JxCat en primera vuelta.
La ley fija que el presidente queda investido en primera vuelta si logra mayoría absoluta de votos (al menos 68 escaños); si no lo logra, puede investirse es en segunda vuelta con mayoría simple. Para garantizarse la mayoría absoluta en la primera votación, Puigdemont debería tener todos los votos de JxCat y ERC (66 en total) más al menos dos de los cuatro escaños que tiene la CUP, con lo que alcanzaría los 68.
Si la CUP no quiere darle ningún voto afirmativo, a Puigdemont le valdría con cuatro abstenciones de los 'cupaires' en segunda vuelta: entonces tendría 66 votos a favor y 4 abstenciones, que serían suficientes para derrotar los 65 en contra del resto del hemiciclo.
Fuentes parlamentarias consultadas han explicado que la consigna de los soberanistas es "no agotar los plazos" y que, su objetivo inicial, es celebrar el pleno de investidura antes del día límite que tienen para hacerlo: el 31 de enero.
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