La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha pactado con Método 3 retirar su demanda civil y renuncia a emprender acciones penales por la grabación que esta agencia de detectives hizo de su conversación con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, mientras la agencia reconoce que causó el daño reclamado. Con este pacto, que lleva fecha de 18 de junio, la agencia de detectives, que admite que ha afectado a Sánchez-Camacho en su labor como dirigente política, Método 3 deberá indemnizar a la presidenta del PPC con 80.000 euros.
En el acuerdo, de catorce páginas, Método 3 deja claro que fueron dos exempleados de la empresa los que grabaron al conversación entre Sánchez-Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victoria Álvarez, en una comida que ambas mantuvieron en el restaurante La Camarga, en Barcelona, el 7 de julio de 2010.
Método 3, asimismo, asume la culpa, pide perdón a la presidenta del PP catalán y se compromete a extremar las medidas de seguridad para que se produzca el "cese inmediato, efectivo y permanente" de la divulgación de las "grabaciones ilegítimas". En todo caso, ambas partes han acordado que "el contenido de la grabación se mantendrá en secreto frente a terceros, prohibiéndose expresamente su divulgación".
La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victoria Álvarez, ha renunciado también a las acciones penales en la causa que investiga el juzgado, a cambio de una compensación económica, por lo que ha presentado un escrito en el que se retira como acusación particular.
Pese a la retirada de la denuncia por parte de Sánchez-Camacho y Maria Victoria Álvarez, el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona mantiene abierta la causa contra Método 3 y ha acordado prorrogar por un mes más el secreto de sumario, según fuentes judiciales.
El juzgado ha dado traslado de toda la causa a la Fiscalía, que a la luz de los informes elaborados por la Policía Nacional deberá decidir ahora si prosigue su investigación, independientemente de la retirada de la acusación particular de Sánchez-Camacho, ya que el ministerio público tiene la obligación de perseguir todos los delitos públicos, entre los que se cuenta la revelación de secretos.
