El Ministerio del Interior ha asumido la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña, lo que no supone que se retire competencia alguna a los Mossos d'Esquadra, han informado fuentes ministeriales.
Así, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior, asumirá por mandato del fiscal superior de Cataluña la coordinación de los Mossos d'Esquadra en las actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional, han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.
Así lo ha solicitado el fiscal a la luz de los acontecimientos de esta semana y después de que Interior comunicara por carta al conseller de este departamento de la Generalitat, Joaquim Forn, el envío a Cataluña de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar los Mossos d'Esquadra en el mantenimiento del orden público. No obstante, fuentes de Interior han precisado que su función no es la de ejercer de mando único, ya que los Mossos, la Policía y la Guardia Civil mantienen sus jefaturas, aunque coordinadas por el coronel Pérez de los Cobos en aquellas actuaciones que se tengan que adoptar en adelante para frenar el referéndum del 1 de octubre.
Según ha trasmitido el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña a los responsables de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos, la coordinación ha sido encargada a la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto no supone, insisten las fuentes, retirar ninguna competencia a la policía autonómica catalana. En lo esencial, agregan, el mecanismo de coordinación acordado es el mismo por el que a los mossos se les encomendó las actuaciones posteriores al atentado de Barcelona y Cambrils.
Las fuentes recuerdan que la ley orgánica de fuerzas de seguridad del Estado de 1986 contempla en su artículo 38.2 la intervención de Policía y Guardia en el mantenimiento del orden público en apoyo de los Mossos, como así Interior lo ha comunicado por carta a las autoridades catalanes para justificar el envío a Cataluña de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil.
El ejercicio de esta función corresponde con carácter prioritario a los Mossos pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, "bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes".
