El subsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio José Hidalgo López, ha garantizado que el procedimiento contra 'fake news' que va a activar el Ejecutivo no afectará en ningún caso a derechos fundamentales y sólo busca "alertar" ante campañas de desinformación. Ha asegurado que tampoco tendrá impacto adicional en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Sin comparecencia de Iván Redondo
Hidalgo se ha referido a este asunto durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos a instancias de la diputada del Partido Popular Edurne Uriarte, quien le ha pedido cuentas por este procedimiento y ha denunciado que no se haya permitido la comparecencia de Iván Redondo, director de Gabinete del presidente del Gobierno, para explicar las cuentas públicas de Presidencia. Redondo es la persona, junto con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que forman parte del comité encargado de estas funciones. El subsecretario ha dejado claro que lo único que se va a hacer es establecer una comisión de seguimiento y una metodología para "alertar cuando se produzca algún tipo de injerencia a través de campañas de desinformación" y que esto no tendrá "repercusión presupuestaria" porque se cubrirá con gastos del programa de Presidencia del Gobierno.
Contra injerencias del extranjero
El Gobierno aclaró que su plan contra las 'fake news' va contra injerencias extranjeras y que no busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones. Según lo aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación
Propone el marco y la composición de un equipo de trabajo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación. En la misma estarán implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil. El procedimiento establece cuatro niveles de activación "que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas". El Gobierno argumenta que la finalidad última es la de mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido.
