El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha expresado su confianza en que los 200 alcaldes secesionistas catalanes que se han desplazado a Bruselas para tratar de internacionalizar el debate independentista lo hayan hecho a "título privado" sin emplear recursos públicos para este viaje. Montoro ha realizado esta reflexión en declaraciones a los medios, en los pasillos del Senado, al ser preguntado por estos alcaldes, que se han concentrado frente a la sede de las instituciones europeas en la capital belga.
"Quiero entender que han ido a título privado, evidentemente, y que no estarán utilizando recursos públicos en una acción de este tipo", ha añadido Montoro. Respecto a cómo se está sufragando la estancia en Bruselas el expresidente Carles Puigdemont, ha indicado que desconoce "de dónde está sacando su financiación", aunque supone que será de sus cuentas corrientes y de sus propios recursos, porque de la Generalitat "no puede estar sacándolo".
También se ha referido al escrito presentado por su ministerio ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que se investigue el dinero utilizado en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Según el ministro, el objetivo es "exigir responsabilidad contable para aquellas organizaciones que hayan financiado ese referéndum ilegal", como ANC y Òmnium, pero también a las autoridades de la Generalitat cesadas que han puesto un dispositivo de medios materiales, como por ejemplo los colegios para la votación. A juicio de Montoro, corresponde al Tribunal de Cuentas delimitar las responsabilidades de quienes han facilitado que se usen recursos públicos de manera directa o indirecta para celebrar ese referéndum.
El ministro ha asegurado que durante el tiempo en que Hacienda ha estado controlando el presupuesto de la Generalitat no figura ninguna partida directa destinada a esa consulta, pero "es evidente" que las votaciones de ese día se celebraron con medios públicos.
"No estamos hablando de presupuesto de manera directa, sino del presupuesto que determinadas organizaciones hayan podido utilizar al tenerlo a través de financiación pública", como las subvenciones que podrían haber recibido las plataformas independentistas. Por eso, Hacienda ha pedido al órgano fiscalizador que haga las investigaciones pertinentes, "como ya lo hizo en el año 2014 y ya se sabe cuáles son las consecuencias", ha dicho Montoro en alusión a los 5,2 millones de fianza impuesta al expresidente Artur Mas y otros de sus consellers.
