El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha explicado este miércoles en su declaración como testigo en el juicio al proceso independentista ante el Tribunal Supremo que su departamento impuso un control sobre "todos" los fondos de la Generalitat, que quedó "intervenida" presupuestaria y contablemente, pero que ese control pudo "resultar defraudado", por lo que su departamento envió denuncias a Fiscalía y al Tribunal de Cuentas.
La declaración de Montoro ha sido la cuarta que el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena ha escuchado en la octava jornada del juicio.
El exministro ha comparecido justo después del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que también ha constatado que el Ministerio de Hacienda alertó hasta en nueve ocasiones al Ministerio Público y al órgano fiscalizador.
Montoro ha precisado que hasta en cuatro ocasiones su departamento acudió a la Fiscalía General del Estado y otras tres veces al Tribunal de Cuentas tras detectar "indicios" de posibles irregularidades en las cuentas catalanas, por el desvío de fondos para la celebración del referéndum público.
El exministro ha declarado alrededor de una hora y ha recordado que las cuentas de la Generalitat se encontraban bajo "un control absoluto", debido a los "anuncios" de la convocatoria de la consulta independentista y "de que se puede incurrir en una manifiesta ilegalidad".
El fiscal Javier Zaragoza ha preguntado si "este control total" hace posible que se "excluya las actuaciones fraudulentas para la celebración del referéndum", a lo que Montoro ha respondido que un "análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado en algún aspecto".
Asesoramiento de los técnicos de ministerio a los investigadores
"Para eso están las investigaciones de tipo policial y de orden judicial", ha apuntado. En este sentido, ha explicado que es "perfectamente compatible" que los expertos del Ministerio de Hacienda asesoren a los investigadores de la Guardia Civil para aclarar las dudas técnicas que puedan surgir.
El exministro ha sido preguntado por el abogado de Vox, Pedro Fernández, sobre el informe del Instituto Armando en el que se concluye que la Generalitat abonó 1.605.039 euros para la promoción y organización del referéndum, pero él se ha limitado a contestar que no conocía el contenido de los informes, aunque la Abogacía del Estado estuviese participando en dicha investigación.
Posteriormente, el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull ha preguntado sobre otro documento aportado por la Abogacía del Estado en el que la administradora mercantil de Unipost, investigada por la distribución de material electoral, declaraba que no había nada pendiente de cobro, en contra de lo que afirma la Guardia Civil.
La Generalitat no pago los encargos del 1-O porque estaba intervenida
Sobre este asunto, Cristóbal Montoro ha dicho que no le "extraña que no se haya cobrado" porque la Generalitat estaba intervenida. "Pero el acto de ilegalidad no nace en el cobro, nace en el devengo, en la intención de cobro. ¿Cómo no va a haber delito de malversación?", ha opinado, siendo interrumpido por el magistrado Manuel Marchena para pedirle que no entre en hacer "calificaciones jurídicas".
En otro momento de la declaración, el representante del Ministerio Público le ha recordado la entrevista en el diario 'El Mundo' en la que afirmó que veía indicios de delitos. Montoro ha recordado que esto se sostiene cuando había "funcionarios públicos convocados a un acto en el que abren locales públicos". "Eso es uso de recursos públicos par un fin que ha sido declarado ilegal", ha afirmado.
Ha agregado, al igual que han hecho anteriormente en sus comparecencias Mariano Rajoy y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que el referéndum no se ha celebrado. Para ello, Montoro ha recurrido a unos de los fragmentos de esta entrevista y ha enfatizado que es "difícil de definir" esa votación cuando "la autoridad convocante no tenía presupuestos". "¿Qué clase de convocatoria es la que se hace oficialmente sin presupuesto público?", ha concluido.
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