Cristóbal Montoro ha comparecido en la Comisión de Hacienda del Congreso tras aprobarse el jueves pasado su comparecencia en la Diputación Permanente sobre las medidas adoptadas para evitar que el dinero público lo pueda emplear la Generalitat en partidas para la celebración del referéndum.
Ha indicado que las actitudes políticas de la Generalitat encendieron ya desde hace dos años "muchas luces rojas" en materia económica y ya entonces "hubo que tomar medidas".
Para Montoro, que las agencias bajaran la calificación de la deuda en Cataluña cuando es la comunidad que más aporta al PIB, menos paro tiene y mejor situación económica "no se explica si no es por la situación interna". "Y ante eso -ha proseguido- el Gobierno no puede estar de brazos cruzados" y hay que evitar que el dinero público vaya a gastos para la independencia, porque las consecuencias las sufrirán los trabajadores, pensionistas, funcionarios y el conjunto de la sociedad.
Tras asegurar que el Gobierno sí esta pensando en el interés general cuando toma estas decisiones, el ministro ha precisado que ya en 2015 también la Comisión Delegada para Asuntos Económicos tomó medidas de control y estableció "un control reforzado", para evitar también que se destinará dinero para la organización del referéndum.
Ahora, ha agregado, se refuerzan esas medidas de control, con la remisión semanal de certificados de que no se han iniciado gastos para financiar el referéndum, lo que la Generalitat ha hecho hasta ahora, con toda la información que se les requiere.
Ha precisado que los certifican los diferentes consejeros y que el vicepresidente, Oriol Junqueras, aporta otro certificado "que da fe" por todos los Departamentos. "Por decisión de la Generalitat -ha continuado- son los responsables políticos los que están certificando que no se ha hecho desembolso alguno para llevar a cabo el referéndum".
Tras indicar que "ellos se explicaran cuál es la intención ultima de todo eso", ha considerado "paradójico que las instituciones públicas promuevan el referéndum sin presupuesto", porque hasta ahora "no se ha destinado ni un euro". Eso sí, el ministro ha advertido de que si detectan cualquier desembolso para esa consulta, el Gobierno tomará medidas coercitivas con la Generalitat.
