Montull asegura que las comisiones que CDC cobraba de la constructora Ferrovial subieron al 4% porque el partido quería "más dinero"

Jordi Montull, que fue mano derecha de Fèlix Millet al frente del Palau de la Música, ha iniciado hoy su declaración adhiriéndose a "todas" las revelaciones que manifestó su hija Gemma, quien aseguró que CDC se había financiado ilegalmente a través de la entidad cultural. Montull es el primero de los acusados que declara ante la sala de la Audiencia de Barcelona que juzga el expolio del Palau de la Música, tras lo que está previsto que sea interrogado el extesorero de CDC Daniel Osàcar, que afronta siete años y medio de cárcel por su papel en el desvío de fondos al partido.

El procesado, que sólo ha accedido a contestar las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, ha aclarado antes de iniciarse el interrogatorio que se adhiere a "todas" las declaraciones que ayer hizo su hija Gemma, incluidas las cuestiones de las que esta dijo haber tenido conocimiento por su padre. En la sesión de ayer, Gemma Montull aseguró que, por lo que ella había sabido a través de su padre, la constructora Ferrovial pagaba comisiones ilegales a través del Palau de la Música a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas, unos pagos que -precisó- se entregaban al extesorero Daniel Osàcar.

Daniel Osàcar lo desmiente

Durante su declaración, negado que el partido recibiera comisiones a través del Palau de la Música y ha defendido que los convenios con su fundación afín Trias Fargas tenían como fin fomentar la cultura catalana y no vehicular pagos ilícitos de la constructora Ferrovial. "

Lo afirmo con toda rotundidad, es falso, no es cierto", ha sostenido Osàcar en su declaración ante el tribunal, después de que los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma hayan acusado a CDC de financiarse ilegalmente a través de la entidad cultural.

Según Daniel Osàcar, los convenios anuales que el Palau de la Música firmó con la fundación Trias Fargas (actual CatDem) afín a CDC -que en virtud de ellos cobró 600.000 euros- eran legales y su objetivo era influir en los ayuntamientos gobernados por Convergència para fomentar la cultura catalana y, por ejemplo, que en las fiestas mayores "no pusieran solo música andaluza".