El Gobierno y la Casa del Rey tienen prácticamente terminada la negociación para el encaje de la Corona en la futura Ley de Transparencia, según ha avanzado en una conversación informal con los periodistas la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En los pasillos del Congreso tras participar en la sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta no ha avanzado detalles sobre el contenido de esa negociación, en la que ha destacado que la Casa del Rey está teniendo muy buena disposición, pero para la que aún quedan algunos flecos.
Una vez que esté acabada totalmente, el Gobierno trasladará a los grupos parlamentarios las conclusiones para fijar de forma definitiva el texto de la Ley de Transparencia, actualmente en trámite de enmiendas y de comparecencia de expertos. De hecho, hoy mismo comparece ante la Comisión Constitucional del Congreso el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, a quien la propia Sáenz de Santamaría encargó un informe sobre medidas para luchar contra la corrupción y mejorar la salud de la democracia.
Será una vez que acabe este trámite de comparecencias cuando el Ejecutivo y los grupos parlamentarios aborden las modificaciones en el texto inicial remitido en septiembre pasado por el Gobierno. Según han informado fuentes del Gobierno, los cambios relativos a la Casa del Rey podrían introducirse en la norma a través de una enmienda del grupo popular, o como espera el Ejecutivo, pactada con otros grupos.
De momento, la mayoría de las posiciones que están manteniendo los grupos en torno a este asunto y que ha ido recabando el Gobierno son consideradas "sensatas", según la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría ha negado también, tal y como ya hizo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que el Ejecutivo esté preparando una ley para regular aspectos relativos a la Corona como la abdicación del Rey y el aforamiento de los miembros de la Familia Real.
Sí ha reconocido la complejidad jurídica de incluir a la Casa del Rey en las normas sobre transparencia, ya que, al igual que los tribunales de Justicia, no se trata de una administración y no está sometida, por tanto, al derecho administrativo. Sáenz de Santamaría no cree que haya dificultades para que se hagan públicos los gastos de personal o de otro tipo que repercutan en los presupuestos de los Ministerios en sus servicios a la Casa del Rey, ya que sí están sometidos a las normas que rigen la administración.
