El novio de Ayuso defiende la legalidad de sus negocios durante más de dos horas de declaración

Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha vuelto este jueves a los juzgados. Esta vez investigado por dos presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Es la primera vez que González Amador declara en la pieza separada que se abrió por supuesta corrupción en sus negocios. Se investiga si usó una sociedad pantalla. En esta ocasión, sí ha respondido a las preguntas de la juez y de su abogado. Niega cualquier irregularidad. Asegura que todo se llevó a cabo de manera legal. El novio de Ayuso está investigado también en otra causa por un presunto fraude fiscal y falsedad documental.

El empresario ha defendido este jueves ante la jueza, en una declaración que ha durado más de dos horas, sus negocios y ha tratado de desvirtuar la tesis de la Fiscalía de que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros.

Ha sido la primera vez que González Amador ha ofrecido explicaciones ante la jueza que le investiga por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. A la salida de su declaración, según fuentes jurídicas, se ha mostrado "feliz y contento de lo declarado".

Más de dos horas de comparecencia

El empresario ha comparecido a petición propia durante casi dos horas y media, en las que ha aportado numerosa documentación con la que ha tratado de derribar las sospechas de que pudo pagar una comisión encubierta a la mujer del presidente de una empresa que, según el fiscal, carecía de valor, y de la que luego se habría servido para facturar sus servicios con el grupo.

Su declaración se enmarca en una pieza separada del proceso principal en el que también está investigado por presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda y falsedad documental.

Justifica la compra de una empresa

Las fuentes consultadas señalan que, durante su comparecencia, González Amador se ha centrado en justificar la compra, por casi medio millón de euros, de la empresa.

Una operación en la que la Fiscalía ve una posible comisión encubierta ya que, mantiene, dicha empresa "carecía de valor" porque ni tenía inmuebles ni empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil "sin valor" y a tres aparatos de depilación y remodelación corporal.

Sin embargo, ha justificado ese valor en que esta empresa tenía una interesante red de contratos de distribución, de manera que ha defendido la legalidad de su compra.

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