El nombramiento de los consellers del nuevo Govern de Quim Torra sigue sin desencallarse, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se haya declarado incompetente para decidir sobre las medidas cautelares reclamadas por el presidente de la Generalitat. Tras recibir el pasado viernes el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, que señalaba que el Gobierno del Estado debe permitir la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de los nombramientos de los consellers del nuevo Govern, Torra pidió al TSJC medidas cautelarísimas con carácter inmediato para "proteger los derechos" de los designados, dos de los cuales -Jordi Turull y Josep Rull- se encuentran en prisión preventiva y otros dos -Antoni Comín y Lluís Puig-, en Bélgica.
La sección quinta de la sala contenciosa del alto tribunal catalán ha acordado, tras deliberar sobre el asunto, que no tiene competencia para conocer sobre el recurso ni sobre la petición de las medidas cautelares planteadas por el president para forzar al Gobierno a publicar con urgencia el nombramiento de los consellers. La sala contenciosa del TSJC ha abierto ahora un periodo de diez días parar que se puedan presentar alegaciones, antes de resolver a través de un auto.
Según el TSJC, la sala ha determinado que no tiene competencia para abordar este asunto porque el recurso se dirige contra el ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas. Nueve días después de que Torra firmara el decreto de nombramientos, pues, la toma de posesión del nuevo Govern sigue bloqueada, ya que el Gobierno del Estado no ha publicado las designaciones en el DOGC y el presidente de la Generalitat no renuncia a los nombres de Turull, Rull, Comín y Puig. Sin embargo, en las próximas fechas el auto de procesamiento del Tribunal Supremo sobre el proceso soberanista podría ser ya firme, por lo que, si los consellers designados en prisión o en el extranjero quedan suspendidos, el Gobierno tendrá una razón más para no publicar el decreto de nombramientos del 19 de mayo, mientras que Torra podrá elegir a otros nombres que sí puedan ejercer el cargo.
Torra anunció el viernes que, en caso de que el Gobierno del Estado mantenga su "bloqueo" al nuevo Govern, adoptará "medidas legales pertinentes para hacer respetar los derechos" de los consellers designados, sin descartar una querella por "prevaricación" contra Mariano Rajoy. Fuentes de la Generalitat han explicado que Torra está estudiando con su entorno los próximos pasos legales a dar tras conocer el posicionamiento del TSJC.
Mientras tanto, Torra ha dedicado su primera audiencia en el Palau de la Generalitat a los presidentes de las diputaciones de Barcelona, Girona y Lleida, Mercè Conesa, Pere Vila y Joan Reñé, respectivamente, y al vicepresidente de la Diputación de Tarragona, Josep Maria Cruset, todos ellos del PDeCAT. Con ellos ha acordado viajar juntos a Berlín para verse próximamente con el líder de JxCat Carles Puigdemont.
Por su parte, Ciudadanos ha propuesto una batería de medidas para tratar de garantizar la "neutralidad" en los espacios públicos, después de los incidentes por la colocación de lazos o cruces amarillas en playas o ayuntamientos, símbolos que la formación naranja cree que generan "fractura social". Otro de los asuntos que está condicionando la agenda política en Cataluña es la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Rajoy, que se debatirá finalmente este jueves y viernes. Este calendario deja en el aire el programa de las jornadas del Círculo de Economía de Sitges (Barcelona), que inaugurará Torra este jueves y que está previsto que clausure Rajoy el sábado.
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha acusado al PP de actuar con una "bajeza increíble" al atribuir a Pedro Sánchez "no sé qué manejos" con los secesionistas para que apoyen su moción de censura, pese a que el secretario general del PSOE "no dudó un segundo en ponerse al lado de Rajoy para afrontar esa crisis de Estado".
