Fiscalía en la Audiencia Nacional, que instruye el juez Santiago Pedraz. El fiscal explica que el cálculo de los posibles fraudes cometidos por este grupo de personas y empresas se dificulta por la existencia de un entramado empresarial domiciliado, parte en el extranjero y parte en España, así como por el manejo de capitales que tienen su origen o destino en lo que se conoce como "paraísos fiscales".
Relata que de informes policiales se concluye que hay una serie de operaciones inmobiliarias sospechosas realizadas, entre otros, por Oleguer Pujol Ferrusola, utilizando un entramado societario domiciliado en España y en el extranjero que pudieran ser constitutivas de blanqueo de capitales. En concreto relaciona compras de inmuebles propiedad del Banco de Santander, a Bankia, a Prisa División Inmobiliaria, de fincas en Melilla, a Costa Canaria S.A., del edificio de la Abogacía y la compraventa de participaciones de la sociedad New Positively 21 S.L. por parte de Bmd Toussaintkade 48 den Haag B.V..
Según el fiscal, en estos hechos participaron diversas mercantiles que tienen en común su opacidad y en algunos casos su domiciliación en territorios no cooperantes como los denominados "paraísos fiscales", así como la presencia de Oleguer Pujol Ferrusola. Explica que el origen del dinero no puede determinarse merced a la interposición de sucesivas sociedades y operaciones que lo difuminan. La Fiscalía ha detectado las referidas mercantiles, además de en España, en Guernsey (una isla de la Corona británica en el canal de la Mancha), Holanda, Reino Unido y Luxemburgo.
Indica que se efectuaron inversiones que no parecen tener financiación suficiente, se constituyeron hipotecas como garantía de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes, se realizaron préstamos entre empresas socias y participadas y se situaron en España fondos procedentes del exterior. El fiscal comenta que debe estarse al curso de la investigación a través de la cual pueda llegarse a conocer las relaciones existentes pero ocultas que den mayor lógica al movimiento de capitales.
Añade que el beneficio obtenido de cada una de las operativas inmobiliarias descritas ha ido destinándose a lo largo de los años a diferentes finalidades aún por determinar pero que han obligado a los denunciados a su afloramiento a la economía legal. De todas formas estima necesaria la utilización de medidas de investigación judicial para conocer en mayor medida el funcionamiento de las sociedades y la participación efectiva y real que han tenido los denunciados y otras personas que no se hayan podido identificar hasta la fecha.
