"Quien contamina paga", reza la ley. Sin embargo, esta premisa no se ha cumplido en el caso Prestige. La sentencia comunicada este miércoles ha declarado absueltos a los tres imputados en la tragedia y sólo el capitán del barco Apostolos Mangouras ha sido condenado a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia.
El vacío legal existente en el derecho internacional al respecto del mar y de su protección hace muy complicado poder establecer la causa del delito. Según el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, no existe responsabilidad penal y el accidente se produjo por un fallo estructural cuyo origen "nadie puede precisar".
Raquel Montón, responsable de la campaña Energía de Greenpeace, considera que "podemos pedir mayor seguridad en los petroleros, más normativas sobre las aguas" pero asegura, "son pequeñas mejoras, transitorias".
Once años después de la mayor tragedia medioambiental que ha sufrido España "no ha cambiado nada en absoluto", asegura Montón, que hace hincapié en que todavía hoy no se tiene "un estudio integral del daño causado al medio ambiente".
La responsable de Greenpeace ve en el "abandono del petróleo" la única solución para que estas catástrofes no sigan repitiéndose. Admite que no es una solución fácil, pero advierte que "no es imposible" y argumenta su postura en los nuevos modelos energéticos basados en la eficiencia."No hay manera de volver a evitar esto si no emprendemos este camino" sentencia.
La única forma de empezar a avanzar en el camino de la prevención de estas catástrofes naturales empieza, para los ecologistas, en exigir a los políticos que pongan en valor el medio ambiente: "No se valora, ni se defiende en la medida de lo que vale".
Precisamente en este punto es donde Raquel Montón expone otro de los problemas que no se han corregido y por lo que una década después "volvería a ocurrir lo mismo" si un petrolero zozobrase en costas españolas: "Pasaría lo mismo porque están los mismos y porque la Justicia no ha llevado al banquillo a los culpables". Y matiza, "las grandes causas no han cambiado".
Entre estas ausencias en el banquillo de los acusados, Greenpeace señala tanto a los dirigentes políticos del momento como a las empresas transportistas y petroleras. Admite "errores" en el proceso judicial por parte de la acusación ya que considera que "dilatarlo tanto en el tiempo es provocar injusticias". Así pues, pone como ejemplo que el juicio se ha prolongado de tal forma que ante la posible imputación de Álvarez Cascos, cuando se quiso plantear el delito ya había prescrito.
Las catástrofes medioambientales son enormes quebraderos de cabeza para la Justicia, ya que tocan diferentes ámbitos, por ello la postura de Greenpeace pasa por pedir juzgados especializados en medio ambiente.
"Un primer paso útil contra la indefensión sería un juzgado especializado"
En 1978 la costa gallega sufrió el incendio de otro petrolero, el Andros Patria, en el que fallecieron 34 de sus 37 tripulantes y se derramaron 208.000 toneladas de crudo. Aunque los ecologistas no dan un sí rotundo el hecho de que haya víctimas mortales "podría" ayudar a una sentencia más "ejemplar" ya que el derecho penal establece relaciones de causa-efecto. Si en el caso del Prestige se hubiese establecido esta dicotomía hubiera sido más fácil establecer el responsable de la causa.
La lista de tragedias naturales que ha sufrido nuestro país es tristemente extensa, la rotura del depósito de residuos piríticos de las minas de cobre, plomo y zinc de Aznalcóllar provocó hace 14 años la salida incontrolada de estos arsénico, cadmio, mercurio y otros metales al Guadiamar afectando al Parque de Doñana. También en este caso los 21 técnicos imputados fueron absueltos y nadie se hizo cargo de los costes.
La situación cambia cuando hablamos de otros países. En la memoria de todos está el escape de la petrolera BP en el Golfo de México en este caso se llegó a un acuerdo con el Gobierno y la empresa se hizo cargo de una multa histórica de más de 3.000 millones de euros adicionales a las indemnizaciones a los afectados.
Ante estas diferencias Montón se resigna a explicar que "el Gobierno tiene que garantizar que quien contamine pague. Cuando aquí no paga nadie se está vulnerando el derecho de la gente porque no se han puesto los medios necesarios, porque se ha negado la evidencia" y añade "difícilmente se pueden poner medios cuando tú estás negando la propia contaminación".
Con la convicción de que el sistema legislativo es demasiado permisivo con las personas que dañan el medio ambiente, Montón ha explicado que puede recurrise la sentencia al Supremo, aunque advierte de que "si los acusados han sido declarados inocentes no tiene sentido conseguir que se condene a esas personas". "Eso no va a arreglar este problema", concluye.
