Tras una visita de siete días a España, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) ha difundido en Madrid sus conclusiones preliminares con una serie de recomendaciones al Gobierno, a la espera de conocer su opinión al respecto y publicar su informe definitivo en 2014.
En una conferencia de prensa, los miembros del equipo Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky han elogiado la cooperación y ayuda de las autoridades españolas, así como las de las regiones de Cataluña, Andalucía y el País Vasco, que han visitado en su misión, en la que han hablado con centenares familiares de desaparecidos.
En sus entrevistas, las autoridades les han indicado que se trabaja en la elaboración de un "plan nacional de derechos humanos", en el que los expertos esperan que se incorporen los casos de desapariciones forzadas y así como su inclusión en el Código Penal.
"El Estado debe asumir un rol de liderazgo y comprometerse de manera más activa para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura", han afirmado los expertos de la ONU.
Desde el retorno de la democracia en España "se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la guerra civil y la dictadura" gracias a iniciativas que en muchos casos han sido impulsadas exclusivamente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil.
El grupo de trabajo de la ONU ha lamentado que no haya "ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada", lo que atribuyen a "una combinación de diversos factores", entre los que Dulitzky ha destacado la "interpretación" de la Ley de Amnistía de 1977.
La desaparición forzada de una persona es un "delito continuado" hasta que es esclarecido el caso, según el experto argentino, quien ha subrayado que la Ley de Amnistía "no puede servir de barrera para la investigación de graves violaciones de derechos humanos". No se trata de derogar la Ley de Amnistía sino de que despojarla de efecto jurídico, ha puntualizado Dulitzky.
Ha denunciado además que en muchos casos de exhumaciones de fosas comunes el juez no se persona, por lo que el acto carece de reconocimiento judicial y ha pedido al Estado que levante las recientes "restricciones" legales y vuelva a la aplicación de la "jurisdicción universal".
Asimismo, el grupo de la ONU ha considerado de fundamental importancia que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y ha hecho un llamamiento a la judicatura a "realizar un uso consistente" de los instrumentos internacionales.
Sobre la investigación abierta por la juez argentina María Servini de Cubría sobre crímenes del franquismo y contra cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad españolas, Dulitzky ha dicho que el Estado español "debe cooperar" con las autoridades de países como Argentina, "tiene el deber de juzgar o extraditar".
Al ser preguntado por el caso del juez Baltasar Garzón, quien fue acusado de prevaricación por querer investigar las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo, el experto argentino ha opinado que "tuvo un efecto contrario para el desarrollo debido de las investigaciones judiciales".
