Malestar en el Tribunal Supremo: los jueces creen "muy grave" que el Gobierno cuestione el delito de rebelión en los presos del 'procés'

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) consideran que el momento actual para iniciar un debate político sobre el delito de rebelión es "inoportuno", ya que se puede entender como una presión a los jueces del Tribunal Supremo, que en los próximos meses iniciarán el juicio por el 'procés', así como al Ministerio Público, que tiene de plazo hasta el día 2 de noviembre para presentar su escrito de acusación contra los líderes independentistas.

Así lo han expresado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, y el portavoz de la APIF, Miguel Pallarés, en el marco de las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta, Carmen Calvo, sobre la posible adecuación del artículo 472 del Código Penal. "No son prudentes porque puede suponer una cierta presión, una cierta injerencia en lo que se está haciendo", ha afirmado Dexeus, que ha pedido que se "deje trabajar con serenidad y sosiego" a los fiscales del caso que son los que conocen la ley y las pruebas que obran en el sumario de la causa abierta por el proceso independentista en Cataluña.

En la misma línea se ha manifestado Pallarés, que ha destacado que es "inoportuno" que los políticos hagan cualquier tipo de declaración sobre el delito de rebelión en estos momentos cuando se está esperando conocer la calificación de la Fiscalía. "Es un tema enormemente delicado, tratado por gente muy profesional del Tribunal Supremo", ha indicado.

En este sentido, el portavoz de APIF ha lanzado un mensaje de confianza en los fiscales y ha llamado a esperar "a ver qué posturas y qué argumentos exponen". Asimismo, ha recordado que no caben las "injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal" y que a quien puede controlar es a la Abogacía del Estado, que también debe presentar en los próximos días su escrito de acusación como parte en el procedimiento.

Críticas de la oposición, mientras el Gobierno defiende su postura

La oposición acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de cambiar de criterio sobre el delito de rebelión, aplicado a los independentistas procesados. Por eso, hoy le recuerdan unas declaraciones a Susanna Griso aquí, en Antena 3, hace cinco meses. Le preguntaba Susanna si consideraba que los independentistas catalanes habían cometido un delito de rebelión. "Yo creo que lógicamente lo es", respondió.

Este viernes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado a Sánchez de ser "cooperador necesario" del "golpe" en Cataluña porque es "partícipe" en cuanto "responsable de lo que pasa" en esa comunidad y de aplicar allí el artículo 155 de la Constitución.

García Egea se ha preguntado también "por qué Sánchez no deja a los jueces hacer su trabajo" en lugar de "opinar por dónde deberían de ir", en alusión a las opiniones vertidas desde el Gobierno sobre si hay o no un delito de rebelión por parte de los independentistas. "Luego nos sorprendemos si le llaman colaborador necesario de este golpe al Estado", ha añadido sobre Sánchez el dirigente popular.

Teodoro García Egea ha insistido en que "si no hace nada" Pedro Sánchez es "cooperador necesario" del "golpe", y ha considerado que debería decidir "si está con los que están intentando perpetrar el golpe" o está "con los constitucionalistas" que, en el caso del PP le han ofrecido los votos del Senado para aplicar el 155.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que Sánchez "es capaz de decir hace un año que sí había rebelión pero como necesita el voto de los partidos separatistas para aprobar los Presupuestos ya piensa que no hay rebelión".

"Puedes cambiar de opinión, pero pasar de decir que Torra es el Le Pen de la política española a decir que se tiene que hablar con él por la estabilidad de España es un cambio muy grave", le ha afeado en una entrevista.

Por su parte, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, considera que el delito de rebelión no es aplicable a los líderes independentistas después de que el Tribunal Supremo confirmara el cierre de la instrucción por el proceso soberanista en Cataluña y sentara en el banquillo de acusados a los dirigentes independentistas procesados. "Parece obvio que no hubo violencia", ha subrayado el dirigente 'morado', cuando se discute que tipo delictivo se le va a imputar a los dirigentes independentistas catalanes.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha respondido durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros y asegura que el Ejecutivo "no entra en el Poder Judicial ni en la Fiscalía" y que por lo tanto el Gobierno "no tiene dudas ni deja de tenerlas".

Celaá ha explicado que el Ejecutivo está a la espera de "conocer las calificaciones que pueda hacer la Fiscalía y la Abogacía del Estado" y señala que no hay ningún plan para modificar el delito de rebelión.